En el escrito, Dromi brindó los detalles de la privatización de Aerolíneas Argentinas y deslindó responsabilidades hacia el ex ministro de Economía Domingo Cavallo por las confección del pliego de licitación.
Los fiscales Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial pidieron su citaron como sospechoso de fraude contra el Estado por ser el responsable del pliego de licitación de la primera empresa que pasó a manos del estado durante el gobierno menemista.
La causa se inició hace ocho años a partir de una denuncia formulada por el fallecido dirigente justicialista Alejandro Olmos, y sucesivamente se fueron agregando cargos contra los ex funcionarios por denuncias que efectuaron la diputada y dirigente de uno de los gremios aeronáuticos, Alicia Castro y el abogado Ricardo Monner Sans, entre otros.
De acuerdo con una pericia que fue incorporada al expediente, el magistrado pudo determinar la existencia de un desfasaje en el rubro “gastos asociados a la compra” en el que aparecen 87 millones de dólares que la empresa puso en su balance sin explicación aparente.
En tanto, se incluyó en la causa la denuncia del ex titular Maximiliano Rusconi de la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando (UFITCO) contra la conducción de Aerolíneas Argentinas por presunta subversión económica. Además, el fiscal detalló decisiones administrativas adoptadas desde el primer momento de la privatización.
También se agregó el informe de la Auditoría General de la Nación que en 1996 ya había aconsejado la rescisión del contrato por los incumplimientos de los administradores hispanos que en sólo cinco años acumulaban 415 millones de dólares en inversiones no realizadas.
En noviembre de 1990 el gobierno de Menem vendió Aerolíneas Argentinas a un grupo liderado por la española Iberia. La venta se concretó por el 85 por ciento de las acciones, por un valor de 260 millones de dólares en efectivo y 2040 millones en bonos de la deuda externa. Pero Iberia incumplió con el programa de inversiones pactado. Un año después Iberia fue privatizada y España transfirió la compañía al Instituto Nacional de Industrias, antecesor de la SEPI. A principios del 2002 hubo despidos masivos y finalmente la empresa pasó al grupo Marsans.
El 20 de marzo deberá presentarse el ex ministro de Economía Antonio Erman González y está previsto que desfilen también los accionistas de la compañía Amadeo Riva, Enrique Menotti Pescarmona y Florencio Aldrey Iglesias.