No es casual que esta causa también se vuelva en contra de los supremos. La percepción general, en la sociedad y también en medios judiciales, es que en esa causa se hizo muy poco especialmente en los primeros meses, vitales para esclarecer cualquier atentado terrorista. Incluso es vox populi en los pasillos del Palacio de Tribunales que la causa estuvo a punto de ser cerrada en 1994, sin culpables ni condenados. Pero el 18 de julio de ese año otra bomba destruyó la sede de la AMIA y la decisión del Máximo Tribunal quedó en la nada.
En aquel momento, sólo se había determinado que la bomba estaba colocada en una camioneta Ford F-100, que estacionó frente a la puerta de la representación diplomática, un coqueto edificio en la esquina de las calles Arroyo y Suipacha, una de las zonas más exclusivas del centro porteño. Además, se estableció que el vehículo fue comprado el 24 de febrero en una agencia de automóviles usados en la avenida Juan B. Justo, por una persona que utilizó un documento brasileño a nombre de Elías Ribeiro Da Luz. El hombre pagó en efectivo 21.000 dólares y cinco billetes tenían sellos e inscripciones que correspondían a casas de cambio de Líbano y Siria.
Salvo estos puntos firmes, nada más se sabe. Igual que en el atentado contra la AMIA, no hay nada sobre dónde y quiénes armaron el explosivo. Apenas se sabe que la Jihad Islámica, una organización terrorista con sede en el Líbano, se adjudicó “oficialmente” el atentado de 1992.
La investigación se basó durante varios años en estos módicos supuestos, y no avanzó en responsabilidades penales de ningún tipo, ni el exterior, ni en la Argentina. El tema sólo ocupaba algunos centímetros en los diarios cuando una recurrente polémica sobre el lugar exacto de la explosión volvía a la luz. Incluso, en 1996 la Corte ordenó una nueva pericia sobre el tema a la Academia Nacional de Ingeniería, que concluyó que “la ubicación más probable del explosivo” era “dentro” del predio de la embajada. Una hipótesis que ya habían descartado los estudios de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la SIDE.
Esta nueva pericia y su polémico resultado fue criticada duramente desde las instituciones judías argentinas, que asumieron el rol de querellantes que el Estado de Israel resignó inmediatamente después del trágico 17 de marzo. En esta línea, la DAIA se enfrentó progresivamente con los miembros de la Corte y llegó a recusar al ministro Carlos Fayt, esta presión sobre los supremos desembocó en la creación, en agosto de 1997, de una secretaria especial a cargo de Esteban Canevari. En un informe de la DAIA sobre la “causa embajada” al que tuvo acceso Diariojudicial.com, se asegura que desde la constitución de esta secretaría “la investigación empezó a cobrar mayor profundidad, celeridad y seriedad”
En esta etapa de la investigación, se ordenó la captura internacional de Imad Mughniyah, quien al año 1992 era el líder del la Jihad Islámica. Fuentes de la Corte destacaron que esta medida –de improbable concreción- obtuvo “favorable repercusión en el exterior, especialmente en Israel y Estados Unidos”.
Fuentes de la Corte Suprema confirmaron que actualmente se investiga el accionar de presuntas células terroristas en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Este rumbo de la causa no es nuevo, había sido ordenado en diciembre de 1999 por el máximo tribunal, en la misma resolución donde se dictó el sobreseimiento de Nasrim Mokhtari, la iraní denunciada por el brasileño Wilson Dos Santos, detenido en Buenos Aires acusado de mentir en la investigación del atentado contra la AMIA.
Mokhtari fue traída a la Argentina engañada por la SIDE en medio de un conveniente operativo de prensa y fue puesta a disposición de la Corte que luego de indagarla, sorpresivamente, la desvinculó de la causa. Así, la mujer que frecuentaba inquietantes contactos en la comunidad musulmana de Buenos Aires para la época de los atentados, y fue señalada como una de las piezas claves del entorno terrorista hoy vaga por las calles porteñas abandonada a su suerte.
Sobre la actividad actual en la causa, las fuentes confirmaron que se estaría avanzando en la identificación de algunos de los miembros de las células dormidas del fundamentalismo musulmán en la Triple Frontera y no descartaron nuevos pedidos de captura. Sin embargo, otras fuentes que conocen a fondo el expediente del atentado contra la AMIA, aseguran que la información con la que cuenta la Corte proviene fundamentalmente del expediente que instruye el juez Juan José Galeano.
En este sentido, el magistrado viene trabajando en una “resolución internacional” que abordaría cuestiones vinculadas a la red de financiamiento de los grupos terroristas en la Triple Frontera, pero con base en el Brasil.
Pero en la Corte trabajan con la hipótesis de que –a diferencia de AMIA- en el atentado contra la Embajada no hubo conexión local. En este sentido, vale recordar los dichos de una arrepentido de la inteligencia iraní quien le dijo a Galeano que los grupos terroristas cambiaron de estrategia a partir de 1993, cuando comenzaron a contratar grupos locales para efectuar atentados. Según este testigo, conocido en el expediente AMIA como “C” esa mano de obra se recluta frecuentemente entre integrantes activos o retirados de las fuerzas de seguridad.
Algunos observadores entienden que esta hipótesis es improbable, porque no explica cómo habría logrado un grupo de extranjeros sin contactos locales ocultar la camioneta-bomba, conseguir los explosivos en el mercado local y montar el artefacto en el vehículo.
Así, con muchas más dudas que certezas y con la impotencia de no tener ni un solo detenido, los familiares de las víctimas volverán como cada 17 de marzo a la calle Arroyo.
En el lugar donde se erigía la representación diplomática ahora hay una plaza, llamada “Embajada de Israel”, donde hoy trabajaba febrilmente un numeroso grupo de obreros municipales para dejarla a punto para el domingo, donde en un acto confluirán funcionarios del estado israelí, como el ministro de Cooperación, Roni Miló. En su primera actividad pública en Buenos Aires, el funcionario fijó el tono de reclamo que marcará el décimo aniversario, al afirmar que “es muy lamentable que en la Argentina no se haya hecho todo lo que se debía hacer” para descubrir a los responsables de los atentados.