El juez indicó que los procesados habían intervenido en la “venta fraudulenta del 90 por ciento de las acciones que el Estado Nacional” poseía en Tandanor, y estimó que el perjuicio fiscal “supera los 70 millones de pesos”. Además, consideró que la se trata de “una maniobra ideada y ejecutada por la parte adquirente” con la participación de los “funcionarios” en una maniobra que calificó de “espuria privatización”.
Ballestero responsabilizó al ex ministro de Defensa de Carlos Menem porque no controló que la empresa adquirente estuviera en condiciones de afrontar el pago de los cánones indicados en la privatización. El juez dijo en su extensa resolución que “ese aspecto no puede ser tomado a la ligera” porque “se vendió una propiedad del estado por 59 millones de dólares y no se establecieron garantías reales y no se pidió siquiera un informe respecto de la Compañía Aseguradora del Litoral”, que debía afrontar un eventual impago, lo que finalmente ocurrió, y allí se verificaron, explicó el juez, la “inclusión de cláusulas contractuales que beneficiaron inusualmente al consorcio adquirente en perjuicio del Estado”.
El 3 de septiembre de 1991, mediante la resolución 931 firmada por Antonio Erman González se adjudicó el 90 por ciento de Tandanor al consorcio integrado por Brisard Sud Marine S.A. y el 31 de diciembre de 1991 se suscribió el contrato de transferencia con la entrega de 7.200.000 de dólares y un saldo de 52.560.000 de dólares financiado a 9 años con tres de gracia.