Según surge de la causa, la escribana Di Nunzio y Basilio integraban una sociedad de venta de bienes raíces que atraía a compradores con avisos clasificados que anunciaban condiciones muy ventajosas para la compra.
Luego de fijadas las pautas de compraventa por el operador inmobiliario, los clientes se trasladaban a las oficinas de la escribana, donde se firmaban las escrituras con garantías hipotecarias, cuyas condiciones, al parecer, diferían de las pactadas en un comienzo.
Durante la instrucción, el juez Warley siguió el curso de un centenar de denuncias en las que habría verificado casos de venta de lotes sin edificar, predios sin subdividir e inmuebles con restricciones.