Basándose en notas de prensa y en declaraciones de políticos de distinto signo, Díaz dice que de forma “más o menos elíptica” los funcionarios del FMI “han hecho conocer al Gobierno de nuestro país sus diferentes imposiciones” por lo que reclama que se disponga “de manera inmediata” la “detención y/o citación” de los funcionarios del Fondo que están en Buenos Aires desde el lunes pasado, en una misión de observación.
El abogado, cuya denuncia recayó en el Juzgado Federal 11 a cargo de Claudio Bonadío, pide que se “aproveche la oportunidad histórica” de la presencia de estos funcionarios del organismo internacional en Buenos Aires, para interrogarlos. Además, pide que se cite a declarar a los diputados nacionales Humberto Roggero, Daniel Carbonetto y Alicia Castro, quienes habrían hecho referencia a presiones del Fondo.
En la denuncia, el abogado asegura que la denunciada presión del Fondo viola una decena de artículos de la Constitución Nacional y del Código Procesal Penal (entre ellos los que penan la asociación ilícita) y un puñado de leyes nacionales, entre ellas la cuestionada ley 20.840, conocida como de “subversión económica”.