Casanovas presentó en el Congreso un “proyecto de preferencia” y reclamó su tratamiento especial en el recinto de diputados “con o sin despacho de comisión”, pero admitió la posibilidad que el texto que incluya el agravamiento de penas cuente con el consenso de los distintos bloques parlamentarios.
Durante una conferencia de prensa que ofreció esta tarde junto a su par Miguel Angel Toma, quien respalda el impulso de la iniciativa, Casanovas fundó su reclamo en la ola de violencia que se ha acrecentado en los últimos meses, y que tuvo su punto culminante el viernes cuando fue asesinado el jefe de la custodia del canciller Carlos Ruckauf, el oficial principal Adrian Falduto, durante un enfrentamiento con delincuentes, dos de los cuales o habían recuperado su libertad por ser menor de edad, en un caso, o por gozar de un permiso de salida laboral, en el del malviviente ultimado, de apellido Bonelli.
El legislador, quien integró las Cámaras Federal y de Casación Penal, así como también la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires anticipó que propicia la reforma de la ley de Ejecución Penal para que se prohíba “la salida anticipada de quienes hayan sido condenados por homicidio agravado (con es el caso de la muerte de uniformados de las fuerzas de seguridad), de violaciones agravadas y torturas”, caso éste último que apunta a los policías denunciados por estos hechos por quienes resisten las reformas propuestas.
Toma, por su parte, calificó de “pseudogarantistas y pseudoprogresistas” a aquellos que consideró “defienden mas los derechos de los delincuentes que de los policías”, y advirtió, ante una pregunta puntual, que aunque se vistan de uniforme “cuando cometen un delito dejan de ser parte de una institución para convertirse en delincuentes”, en clara alusión a la llamada policía de “gatillo fácil”.