Entre sus aspirantes están el experimentado Fiscal General ante la Cámara del Crimen, Norberto Quantín; Carlos Manuel Garrido, actual Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA); Santiago Teruel, Fiscal General de la Procuración, Lucila Larrandart, juez de un tribunal oral federal y directiva de la influyente FUNDEJUS y el cámarista federal cordobés y consejero titular de la Asociación de Magistrados Luis Rueda, quienes tratarán de tomar la posta de la repartición que llevó a su cúspide el siempre recordado Ricardo Molinas.
En cuanto a la designación del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, la ley 24.946, que reglamenta al Ministerio Público, establece que el Procurador General de la Nación presentará una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.
La elaboración de la terna se tiene que hacer mediante concurso público de oposición y antecedentes, el cual será sustanciado ante un tribunal convocado por el Procurador General de la Nación. El tribunal se integra con cuatro magistrados del Ministerio Público y es presidido por Becerra.
Actualmente, los candidatos ya pasaron la etapa del examen de antecedentes y los tres primeros lugares están ocupados por Lucila Larrandart, Manuel Garrido y Luis Rueda, en ese orden.
Las fuentes cercanas al concurso que dialogaron con este medio dan cuenta de cierto malestar y desconcierto por parte de algunos de los candidatos, ante la ubicación de Garrido en la segunda mejor posición. Según comentan, estos postulantes no se explican la expectante ubicación de Garrido, por considerar que no cuenta con antecedentes suficientes para ese cargo, en especial si se los compara con los de otros candidatos que quedaron relegados. En cambio, otra sería la explicación, relacionada, aseguran las fuentes, con el hecho de que Garrido sería el candidato de la misma Procuración General de la Nación para ocupar el puesto.
Siempre según las fuentes consultadas, la única razón por la que los candidatos disconformes no impugnaron todavía el orden de mérito es porque no pueden hacerlo, dado que esta vía solo se habilitará una vez realizados los exámenes de oposición, que tendrán lugar el 22 y 29 de abril. La impugnación es una suerte de recurso administrativo de reposición, conforme al reglamento del concurso, porque debe resolverla el propio jurado que elabore la terna.
Tal como informara Diariojudicial.com en septiembre del año pasado, la figura de Garrido adquiere relevancia sobre todo porque Nicolás Becerra, jefe de los fiscales y quien encabezará el jurado de selección, participó de un proyecto de ley, presentado en el Senado en tiempos del gobierno aliancista, que prevé anular la Dirección de Investigaciones de la OA. Su tarea quedaría, según el Procurador, entrecruzada con la de la FNIA. Cabe recordar que este proyecto le valió a Becerra un entredicho con José Massoni, titular de la OA, quien defendió la tarea de la Oficina al destacar que “tiene características únicas, como la facultad de seleccionar e impulsar los casos que considera estratégicos (principio de oportunidad) por su relevancia económica, social e institucional” y que “a diferencia de la FNIA no se rige por el principio de legalidad, según el cual se debe investigar todo caso que llegue a su conocimiento”.
Sin embargo, esa iniciativa del jefe de los fiscales había encontrado eco en la figura del renombrado especialista en temas de transparencia Luis Moreno Ocampo, quien tiempo atrás opinaba ante la prensa que para él, "el organismo nunca debió depender del Poder Ejecutivo -refiriéndose a la OA-, para garantizar mayor autonomía de las investigaciones, proponiendo, en cambio, "que se firme un acuerdo con la Procuración General de la Nación, para que esta gente se incorpore en la Fiscalía Nacional de Investigaciones, que en los últimos años ha brillado por su ausencia". Entonces, quien mejor que Garrido en la FNIA para zanjar el conflicto.
El funcionario, que tiene abierto un frente de conflicto con una buena parte de la justicia federal -llegó a denunciar al ex juez Adolfo Bagnasco por firmar una resolución en una causa que estaba a cargo de otro juez, en oportunidad que éste no estaba en Tribunales-, es sin duda una de las espadas más filosas de la Oficina que persiguió a varias figuras del actual partido de gobierno, lo que ya empezó a generar urticaria en algunos de sus sectores, que vaticinan como segura su promoción.
En octubre del año pasado volvieron a sorprender a los inscriptos, al suspender el concurso mediante el dictado de la resolución 90/01, alegando que el proyecto presentado hacía “muy probable una modificación del régimen legal de la Fiscalía en cuestión". Finalmente, tras los cambios políticos de fin del 2001, el 31 de enero pasado, el Procurador General decidió reanudar el concurso y continuar con el examen de antecedentes.
Luego de las pruebas de oposición se conocerá el orden de mérito definitivo, en lo que puede provocar un aumento en la ya caldeada temperatura del trámite para designar a quien tendrá a su cargo “la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación.”