De este modo los integrantes de la Sala VII confirmaron un fallo de primera instancia en donde se procesó al doctor José Abadi, quien por medio de sus tratamientos engañaba y lesionaba a la gente que atendía.
La causa llegó hasta la segunda instancia ya que los defensores de Abadi manifestaron que el juez de origen ,a través de una selección “arbitraría” de las pericias que analizaba “escogió las que consideró apropiadas para su juicio evaluativo”.
Sobre este punto los camaristas José Manuel Piombo, Abel Bonorino Peró y Omar Aníbal Peralta, enfatizaron que “de la misma manera que el juez se puede apartar de las conclusiones de una pericia, puede al mismo tiempo usar “aquellas que le parezcan con fundamentos más convincentes”.
Según consta en el expediente Abadi “manipulaba, y tiranizaba durante larguísimos años, a sus pacientes, a quienes hacía acudir a su consultorio cobrándoles onerosísimos honorarios al tiempo que los obligaba a compartir sus cuentas bancarias”, estas últimas según los jueces desaparecían a través de una “ilícita intervención”.
Además, consideraron que el psiquiatra cometió una grave “falta de ética” ya que atendía a familias enteras, no suministraba remedios y provocaba peleas entre ellos.
Al respecto se relató que el terapeuta hasta llegó a aconsejar inmoralmente a una paciente a quien le sugirió que “debía engañar a su marido”, y se remarcó que los manipulaba con el fin de que le enviarán cada vez más familiares para atenderlos.
“Aquí aparece otra gran ausencia de responsabilidad del psiquiatra, que como se constatara ulteriormente a través del allanamiento practicado en su domicilio y consultorio, no registrara sus entrevistas a través de ninguna nota ni historia clínica”, sentenciaron los magistrados.
Al parecer con el tipo de tratamiento que le brindaba, el médico atacaba la “autoestima de los pacientes tornándolos vulnerables e influenciables” a sus requerimientos.
Los miembros del tribunal destacaron que según los testigos de la causa se pudo dilucidar el fin comercial que perseguía Abadi ya que el mismo compartía cuentas bancarias con sus pacientes y hasta tenía la condición de albacea en el testamento de uno de ellos.
“El mismo captaba a sus pacientes a fin de convertirlos en un socio o un inversor a través de manipulaciones terapéuticas, que duraba muchos años y para lo cual no trepidaba en la utilización de técnicas de avasallamiento de la personalidad de los mismos a los efectos de lograr sus fines económicos, que se traducía finalmente, en la existencia de tácticas manipulativas de dependencia cercanas al lavado de cerebro”, indicaron los jueces.
En tanto, los magistrados resolvieron reducir a la mitad el embargo que había trabado el juez de primera que de esta manera paso de ser de un millón de pesos a los quinientos mil.