RASTRILLO. Es el que deberán pasar los fiscales generales federales de cada distrito por los registros de amparistas que se confeccionarán ante todos los juzgados en lo contencioso administrativo y federales de todo el país. Es que la UFITCO –el cuerpo de elite de la Procuración General para la investigación de delitos de evasión y contrabando- coordinará con la DGI un cruzamiento de datos entre todos aquellos que se presentaron a reclamar la devolución de importantes depósitos y la situación impositiva que revisten en la actualidad frente al fisco. Si bien no se sabe todavía cuál será el monto “de corte” –es un secreto guardado bajo siete llaves- para verse o no en la lista de los potenciales investigados, la idea de fiscalizar a los “responsables” del goteo financiero generó un buen grado de aceptación en el ministerio de Justicia, en cuyo despacho principal hasta se llegó a proponer girarle a la Corte Suprema los datos de los jueces ahorristas, para que luego se los compare con sus respectivas declaraciones juradas. Todo esto hizo pensar al ala del gobierno que propicia recomponer la precaria relación con el poder judicial, que Vanossi considera que el enfrentamiento con los jueces –supremos y los otros- ya no ha dejado resquicio para la marcha atrás y que la única salida es “para adelante”. Incluso responsabilizaban al ministro del endurecimiento del discurso del presidente Duhalde contra los jueces de “amparo fácil” que suelen conceder inmediatas restituciones de fondos “sin escuchar a ninguna parte, ni siquiera al Banco Central”, convirtiendo este gesto de rispidez en un ataque tardío sin beneficio concreto ni inmediato, ya que fue lanzado después de decretar el feriado cambiario y bancario. Es que muchos están convencidos que si bajan los decibeles del enfrentamiento, le dejan el tema “servido en bandeja” a Lilita Carrió y su gente del ARI.
ESCALADA. Repentina en las encuestas para la elección de presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, está experimentando la lista que encabeza el abogado Ricardo Nissen. Experto en temas de derecho comercial, este reconocido abogado que cuenta además con una vasta trayectoria en la docencia universitaria –es autor de numerosas y reconocidas obras referidas a la ley de sociedades-, protagonizó en estas últimas horas dos hechos que ya preocupa a parte de sus competidores: la situación casi escandalosa que se generó en la legendaria sala de profesores de la facultad de derecho de la UBA, donde en el espacio reservado a las comunicaciones institucionales, descollaba un llamativo afiche que promovía la candidatura del postulante del oficialismo, Hugo Germano (el candidato de Alterini) y segundo, la acción promovida ante el juzgado de Servini de Cubría en contra de la decisión de la junta electoral del Colegio (con mayoría oficialista), que procedió a impugnar algunos de sus candidatos. Entre quienes los secundan a Nissen se encuentra su colega Mariano Cúneo Libarona, muy criticado a veces, pero siempre reconocido por sus pares por la manera aguerrida en que defiende a sus clientes. Como siempre, lo importante es que la gente vote.
COPION. Fue el mote que le cargaron esta semana en los pasillos de Comodoro Py al famosísimo juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón. Su publicitada decisión de solicitar a las autoridades británicas que practiquen un interrogatorio ni bien aterrice en Londres al no menos famoso Henry Kissinger, en el marco de la causa en que investiga la sistemática desaparición forzada de personas ejecutada en cumplimiento del macabro “Plan Cóndor”, generó el inmediato recuerdo de la medida de similar alcance impulsada por Rodolfo Canicoba Corral hace casi un año. Es que el múltiple magistrado criollo – a cargo de tres juzgados, su secretaria reconoce que no le queda tiempo para devolver llamados-, ya había girado un exhorto con ocho preguntas muy precisas al Departamento de Estado norteamericano con el objeto de que el siempre vigente Dr. K responda por verdaderos “secretos de estado” que lo tuvieron como protagonista durante los años ´70 en los gobiernos de Nixon y Ford , ya que a partir de la desclasificación de archivos confidenciales de la CIA y el FBI se detectaron patrones comunes en los sistemas de intercambio de información sobre datos de los opositores políticos entre los servicios secretos de seis países de Sudamérica. Además, Canicoba cuenta con el informe de la correspondencia cifrada que mantenía quien resultó condenado en Argentina por el crimen del general Prats, el ex agente de la DINA chilena Enrique Lautaro Arancibia Clavel, con integrantes de la inteligencia estadounidense.