B) CORPORATIVOS. Es el calificativo tan temido por los jueces, que más de una vez los frena a la hora de hacer justos reclamos o defenderse de ataques de grupos de presión. Sin embargo, la pulseada a que los está sometiendo el tema del corralito, parece que los ha decidido a dar batalla. “Nos quieren demonizar”, fue una de las quejas consentida por el nutrido grupo de jueces en lo contencioso administrativo que el último jueves se reunió con la cúpula de la Asociación de Magistrados, que conduce el experimentado camarista Juan Carlos Fernández Madrid. Fruto de esa reunión –era tan “grossa” la cuestión, que a hasta participó la Federación de Magistrados provinciales, con quienes tienen una inveterada disputa por el tema de cual de las dos institutciones debe representar a los jueces en los viajes al exterior-, surgió el duro comunicado emitido por este verdadero sindicato de jueces y que puede leerse en Diariojudicial.com de su edición del viernes.También, y a manera de contraataque, la AMyFJN pedirá este lunes al Consejo de la Magistratura que convoque a un plenario extraordinario y en cumplimiento de la cláusula constitucional del art. 114 inc. 6, salga en defensa de la independencia de los jueces y la garantía de un eficaz servicio de justicia. Distintas parecen ser las prioridades de algunos consejeros, que en este tema ya se muestran dispuestos a investigar a varios jueces, tal como se avizora tras el encuentro que mantuvo Diego May Zubiría con las autoridades del Banco Central, y con el apoyo de sus pares Eduardo Orio y Mario Gersenobitz.
C) OPORTUNIDAD. Es la que pierden muchos integrantes de juzgados y cámaras de apelaciones de nuestra justicia, algunos sin darse cuenta y otros por soberbia. Es que es muy grande la disparidad de criterios entre los magistrados a la hora de dar a conocer sus fallos, a los que se aferran como si fueran de su propiedad y sin entender que el conocimiento por parte de la opinión pública del contenido, razones y argumentos de sus resoluciones constituye uno de los escasos caminos para reconciliarse con la sociedad, que sólo admite una relación fundada en la transparencia. Por ejemplo, el hoy estratégico fuero contencioso administrativo federal, cuenta con una sala (la IV), que es todo un ejemplo: su trato con el periodismo es excelente y nunca tiene inconvenientes en facilitar sus fallos más recientes, incluso en soporte magnético. El estilo transparente que se esfuerza en predicar su presidente, Guillermo Galli, lamentablemente no ha prendido entre sus colegas de cámara, todavía.
D) NECESIDADES. Siempre que baja la recaudación -caso raro, hubo inflación altísima en los precios y sin embargo se generó menor ingreso por el IVA- se instalan automáticamente políticas fiscales de “prevención general”. Esta teoría extraída del derecho penal hace hincapié siempre en slogans de “mano dura” y procedimientos ejemplificadores, como eran común ver en la época de José María Peña y su grupo de Intocables –muchos abogados, especialistas en lo penal tributario, antes lo criticaban duramente (llegaron a responsabilizarlo de innumerables quiebras a raíz de los feroces procedimientos de intenciones ejemplificadoras) , pero ahora, ante la ausencia de casos importantes y continuas moratorias amnistiadoras, lo extrañan porque se quedaron sin clientes-. “Vamos a investigar si hubo irregularidades en la concesión de los amparos”, “Vamos a investigar si los amparistas tenían sus depósitos declarados ante la DGI”, etc., etc., es lo que se empieza a escuchar. Muchos explican que antes de la mano dura habría que esperar que se genere un poco de actividad económica, no vaya a ser cosa de que, a pesar de la eficacia de los procedimientos, no haya qué recaudar.