En ese sentido, los consejeros Marcelo Stubrin, Fermín Garrote y Mario Gersenobitz comentaron en la sesión la posibilidad de que se cree en el cuerpo una comisión investigadora especial que se dedique a investigar la relación de los amparos por el corralito, los abogados y los jueces que los tramitaron y los montos en danza, un tema que afecta a varios magistrados federales.
Los tres coincidieron en que el Consejo, que tiene como fin analizar la conducta de los magistrados, “no puede estar ajeno al enorme estado de sospecha que hay sobre las actuaciones de jueces” en la concesión de amparos en contra de los alcances del decreto 1570/01.
En ese orden, Stubrin expresó que “los bancos se defienden y acusan a los magistrados" y se apresuró a aclarar que aún "no hay denuncias concretas contra jueces con nombre y apellido".
Además, propuso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ponga a disposición del Consejo el servicio del Cuerpo de Auditores del Máximo Tribunal, para llevar a cabo las tareas de investigación que sean pertinentes.
En tanto, Gersenobitz, expresó que resultaría conveniente que se auditen las tareas de los magistrados del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal que están compitiendo para ocupar un cargo de camarista en ese ámbito de la justicia, antes de votar la terna que será elevada al plenario del Consejo.
Los dichos del consejero se dan en un marco en el que varios jueces de ese fuero fueron cuestionados por un presunto accionar irregular con el dictado de las medidas cautelares a favor de los ahorristas.
Días atrás, en declaraciones a Diariojudicial.com, el consejero Diego May Zubiría ya había mencionado que sería un “papelón” para la justicia si a algunos de los ternados se le llegaban a detectar irregularidades en su fallos, aunque en esa oportunidad aseguró que “no dudada” sobre la honestidad de los jueces que toman parte del concurso.
En la otra verdea se ubicó Jorge Yoma, quien sostuvo que "de ninguna manera" el Consejo tiene que ocuparse de este estado de sospecha pues se trata de "operación mediática de intimidación a los magistrados que otorgan amparos, impulsada por el poder financiero" y agregó que del mismo forma parte el Banco Central de la República Argentina ".
Yoma fue aún mas lejos, ya que opinó que “si el cuerpo crea una comisión para investigar el tema, estaría contribuyendo a incriminar a los jueces en el estado de sospecha” que, según refirió, “perjudica la imagen de la justicia".
El tema, lejos de agotarse recién comienza a debatirse y al parecer tendrá a los miembros del Consejo preocupados en dilucidar si las sospechas son ciertas o no. En este contexto, hace unos días desde el Consejo se pidió que el BCRA remita una base de datos con el fin de detallar que pasó con los amparos en contra de las normas del PEN.
El tema entró en el Consejo a partir de las denuncias de los consejero Eduardo Orio, Gersenobitz y May Zubiría, quienes fueron los primeros en comenzar a hablar sobre la posible existencias de irregularidades en los amparos.