04 de Julio de 2024
Edición 6999 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/07/2024

Rechazo al tope

El titular del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Paulino Pagliere, criticó la medida dispuesta por el Ejecutivo bonaerense de poner un tope de 4500 pesos al pago de jubilaciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

 
En diálogo con Diariojudicial.com, Pagliere señaló que “colocar un tope al pago de jubilaciones de magistrados es manifiestamente inconstitucional” al sostener que hay derechos adquiridos por parte de magistrados que pasaron a la clase pasiva, agregando que ellos “no son jubilados de privilegio, sino que se jubilan después de haber trabajado toda una vida”.

Pagliere diferenció esta situación de otra en la cual “muchos funcionarios en otros ámbitos se jubilan o han podido acogerse a este beneficio tan sólo después de haber pasado unos meses por la administración pública, y estos si son jubilados de privilegio”.

“Los magistrados tienen derecho a un 82 por ciento móvil del salario en actividad debido a que para ello han aportado en forma proporcional durante todo su paso por el poder judicial”, sintetizó.

En otro orden de cosas, el titular de la entidad criticó a quienes “hacen generalizaciones hacia los magistrados con respecto a los recientes amparo resueltos contra el denominado corralito”, agregando que “hay que colocar las cosas en su exacto medio por que hay jueces que actúan con gran reconocimiento en su actividad”.

En cambio, señaló que “sí somos críticos con ciertas actuaciones de jurisdicciones distantes hacia donde se efectuaron reclamos de ahorristas y donde a varios kilómetros de distancia han resuelto favorablemente estas cuestiones”.

Al respecto, Pagliere recordó que “hace unos días hemos efectuado una presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que se investiguen estos últimos casos, donde si bien decimos a priori que no hay acusaciones, sí debe indagarse sobre estas circunstancias”.

En tanto, Pagliere apoyó la reciente creación, en la órbita de la Procuración bonaerense, de una oficina anticorrupción para investigar delitos cometidos en el ámbito de la administración pública, señalando que “seguiremos de cerca su funcionamiento”.



dju / dju
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