04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

En la tensa espera

Mientras se aguarda la nueva normativa que regule los planes de ahorro, la Inspección General de Justicia sigue recibiendo quejas, no sólo por el aumento de las cuotas sino también específicamente por los altos gastos administrativos y de seguros.

 
Cabe destacar que por los gastos de entrega de un auto en los planes de ahorro se cobran extras que van de 500 a 1.000 pesos pero se han presentado denuncias ante la Inspección General de Justicia (IGJ) que reclamaron pagos de hasta 1.500 pesos.

A esto se le agrega el inconveniente que se le crea a un suscriptor cuando se atrasa en más de tres cuotas del plan, ya que las automotrices no reciben el pago tardío. Por este motivo, la persona debe tratar el pago de las cuotas por medio de un estudio jurídico, obviamente no controlado por la IGJ. En ese sentido, los suscriptores vienen denunciando los altos costos por gastos administrativos, pero la Inspección solo aconseja tratar directamente con el estudio contactado por las sociedades.

La Inspección tampoco controla la parte que incluye el aumento de los seguros del auto -que fueron contratados por el suscriptor- que se interrumpirá inmediatamente ante el atraso de las cuotas. En este caso también la Inspección aconseja ir a la aseguradora.

El problema explotó en enero con la devaluación cuando el dólar empezó su trepada. Las asociaciones de consumidores denunciaron que las cuotas de los autoplanes empezaron a llegar de un mes a otro con aumentos del 30 al 100 por ciento.

El nuevo acuerdo contemplaría, además de estirar las cuotas del plan, bajar los gastos administrativos, que los suscriptores puedan elegir seguros más baratos y eliminar los punitorios por renunciar a los contratos. De todas formas, la IGJ recordó que, hasta tanto no se dicte una nueva resolución, sigue vigente la prohibición de incrementar las cuotas, medida que no fue respetada por la mayoría de las empresas.

El nuevo proyecto de normativa contemplaría que hasta el 31 de diciembre de 2003, quienes todavía no hayan salido adjudicados (se calcula que son 110.000 personas) y deseen renunciar al plan, no se les cobre punitorios, que van del 2 al 4%. Lo mismo sucedería con quienes les rescindan el contrato por falta de pago.

Mientras se espera la nueva resolución, la mayoría de las sociedades ya empezaron a utilizar la parte del proyecto de normativa que propone el diferimiento de las cuotas. El primero que comenzó a utilizarlo fue el plan Rombo, ya que de otra forma vio imposibilitado concretar el cobro de las cuotas. Pero los gastos administrativos continúan por las nubes.

En el Fiat plan, el arancel administrativo se incrementó desde enero a abril en un 110,93 por ciento y el seguro en un 61,27 por ciento. El incremento acumulado de la cuota total fue de un 104,77 por ciento.

En tanto, en 2001 las denuncias más frecuentes por los planes de ahorro fueron los gastos de entrega, las diferencias de cambio de modelo y la falta de reintegro en tiempo y forma.

Según información proveniente de la IGJ desde 1995 hasta 2001 bajaron progresivamente las denuncias, al ir arreglándose los temas de conflicto masivo, los que se fueron solucionando con un “bombardeo” de sanciones de altas multas que llegaban a nueve mil pesos, siendo el tope máximo de multa aplicable para estos casos de once mil pesos.

El nuevo acuerdo ideado por la IGJ en conjunto con todos los sectores (fabricantes, administradoras, consumidores) engloba los conflictos masivos de los suscriptores. Sólo resta la aprobación del Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia para remplazar los viejos contratos.



dju / dju
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