B) LEJOS. De los intentos de fusión con el que coquetearon por largo tiempo los dos grandes jugadores del mercado postal, OCA y Correo Argentino vuelven a competir palmo a palmo en este espinoso negocio. La campana de este nuevo round la hizo sonar la empresa del logo violeta, quien esta última semana inundó los despachos de los jueces de la Capital Federal con una puntillosa comunicación –a ellos el mayling les sale barato-que pretende aclarar los alcances de una circular emitida por su competidor “en la cual manifiesta que es el único prestador postal que puede brindar el servicio de comunicaciones fehacientes sin intervención de escribano público”. Es que el rubro de cartas documento y telegramas es uno de los nichos más rentables del mercado -los abogados lo conocen y padecen mejor que nadie-, y al parecer Correo Argentino, en versión de su fiscal más implacable, “mediante una transcripción parcial” de un fallo judicial, pretendería sacar de la cancha al resto de las prestadoras postales. Hasta el segundo round. Colaciónese.
C) IMPIADOSO. Parece ser ahora el criterio de las empresas de servicios públicos privatizados. Esta vez la víctima resultó ser la Policía Federal, donde Edesur les cortó el suministro eléctrico por no tener el pago al día a media docena de reparticiones. Pero eso no fue lo que más molestó al número tres de la federal, Alberto Capuchetti, a quien sus momentos de tranquilidad le resultan ya un espejismo -fue convocado al cargo por la actual conducción cuando ya había pasado a ser un oficial retirado en la gestión de Santos-. Es que el allanamiento a las oficinas de la Superintendencia de Administración, dispuesto por el juez Alberto Botto en una denuncia por supuestos fraudes en los pagos de servicios al personal –la instrucción ahora está delegada en el fiscal Claudio Soca- , tuvo una respuesta flamígera en este experimentado comisario, que de inmediato fue a poner la cara por su institución ante el magistrado. Botto le dijo que el allanamiento era de rutina, cuestión que –según sus allegados- no parece haber convencido a Capuchetti. El gran espacio en los diarios, la intervención de casi veinte gendarmes equipados estilo “Swat” y el no haber constatado falta de colaboración previa de la jefatura actual, parece que hizo pensar a los hombres de azul que el juez de instrucción dispuso el allanamiento como una verdadera sanción.
D) MOVIDO. Aparece el panorama del “capo” de la FIAT, Cristiano Ratazzi –es argentino, pese a su empecinado acento italiano-, quien por estas horas es activamente promovido para alcanzar la presidencia de la Unión Industrial Argentina –se especula que no cuenta con el apoyo de otros grandes grupos económicos, preocupados en conseguir un candidato que pueda “cumplir” tan bien como lo hizo De Mendiguren-. Sin embargo, el empresario automotriz está pendiente de las novedades que le acerca el penalista Jorge Minces, que como tanguero de ley, sabe reconocer que su cliente se está jugando una parada brava. Es que la fiscal –actualmente a cargo de la UFITCO- María del Carmen Dellarrolle, solicitó una condena de cuatro años de prisión para Rattazzi por considerarlo responsable del ingreso irregular al país de un Alfa Romeo, en la época de los “autos truchos” de ricos y famosos. La prudencia de Minces -actualmente preside una de las dos Asociaciones Gardelianas, la otra la maneja el hijo del recordado Victor Sassón, también abogado y de nombre Elías- obedece quizá a que de las últimas diez sentencias dictadas en el fuero penal económico por estas ex famosas maniobras, en ocho recayeron condenas. Una de las últimas fue la de tres años de prisión –confirmada por cámara- contra Gustavo Steinberg, heredero de quien fuera conspicuo protagonista del jet-set criollo, José “Cacho” Steinberg, que sin dudas dejó recuerdos imborrables en mucha gente, sobre todo en Susana Giménez y Ricardo Darín.
E) 202.820. Fueron los delitos contra las personas denunciados en todo el país durante el año 2001. Homicidios, lesiones y violencia familiar representan un rubro en inquietante ascenso, como se puede comprobar a diario apenas uno abre los ojos. Pero no sólo es el tema de la prevención y persecución de estos delitos -del que sólo un 30% se denuncia ante las autoridades, como lo reconocen las estadísticas recientemente publicadas por el Ministerio de Justicia-, sino de ocuparse también luego del drama que deja complejas secuelas en quienes los padecen. De eso se ocupa la disciplina conocida como Victimología, que desde hace años es predicada en los claustros universitarios por el criminólogo Elías Neuman. Advertido hace tiempo de ello, Nicolás Becerra creó en el ámbito de la Procuración General la sino Oficina de Asistencia Integral a la Victima del Delito, con resultados que parecen haberlo entusiasmado. Es que el jefe de dicha oficina es el ex procurador pentenciario y juez de ejecución penal Eugenio Freixas, quien en poco tiempo logró nuclear a un experimentado grupo de profesionales que con su trabajo –como siempre, el silencioso es el más efectivo- demuestran que el Ministerio Público no sólo está para perseguir y acusar sino también para tratar de ayudar y socorrer a quienes sufren en carne propia el creciente clima de violencia.