El fundamento de ese reclamo es "la notoria escasez de personal en el Ministerio Público de Defensa, el exceso en la carga de trabajo, y ante la actual crisis económica que impide la incorporación de personal o funcionarios".
En ese sentido se solicitó una "redistribución equitativa" del personal, quejándose los defensores respecto de una asignación "exclusiva" de instructores al Ministerio Público fiscal.
Las conclusiones se conocieron en los últimos días, tras realizarse hacia fines de abril las Jjornadas de Justicia Penal y Democracia que tuvieron lugar en la cámara de Diputados bonaerense y de las cuales participaron el defensor oficial, Dr. Mario Coriolano; el ministro de la Corte provincial, Dr. Eduardo Pettigiani; el Procurador, Dr. Eduardo De la Cruz y el presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Mércuri.
Para recortar gastos excesivos, los defensores coincidieron en que "deben evitarse el pago de los alquileres de edificios, por resultar ellos excesivos" y pidieron partidas para la remodelación y refacción de dependencias existentes y que no estén actualmente en uso.
En tanto, y con respecto a la independencia del Poder Judicial se concluyó en "la necesidad de revisar la integración del Consejo de la Magistratura, a fin de eliminar en forma total y superadora el componente político que se advierte en la selección y designación" de los magistrados, pidiendo que las decisiones de los miembros "sean públicas y fundadas individualmente, a fin de cumplir con el mandato de publicidad de los actos que emerge del estado republicano de gobierno".