El pedido de juicio político contra Servini de Cubría fue promovido por el ex titular del Banco Central Pedro Pou, a raíz de una causa en la que la entidad emisora fue denunciante y terminó siendo investigada. Pou, como titular del BCRA, había denunciado penalmente al banco Basel por la presunta presentación de avales falsos, mediante los cuales pidió y obtuvo redescuentos.
En ese sentido, Servini investigó también a los directivos del BCRA por su supuesta falta de controles en la operatoria presuntamente irregular que permitió los redescuentos. La diputada justicialista Lelia Chaya ya firmó un dictamen desestimando el juicio político contra Servini.
En el caso de Oyarbide, un particular identificado en el expediente como José Vázquez promovió el proceso de remoción del magistrado al sostener que había existido tráfico de influencias en una causa que investigó el juez y en la que estaba cuestionada la empresa Siemens. Oyarbide desestimó la causa, tras una investigación en la que la fiscalía a cargo no formuló acusación alguna. El dictamen desestimatorio fue elaborado por el consejero Juan Gersenobitz.
Por otra parte, el expediente de Guglielmino fue promovido por un ahorrista, quien denunció presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público porque el juez no le concedió una medida cautelar impulsada contra el "corralito".
Guglielmino rechazó la cautelar bajo el argumento de inexistencia de peligro en la demora, ya que el ahorrista Daniel Castiñeira no presentaba las condiciones contempladas como excepcionales para la devolución de los depósitos atrapados en los bancos. En este caso, fue la consejera Chaya quien firmó el dictamen desestimatorio.