04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

En busca de otra ratificación

Representantes de Amnistía Internacional comenzaron a reunirse ayer con el gobierno de la República Dominicana con el objetivo de que éste país ratifique el tratado que establece el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya.

 
"No hay ningún tipo de obstáculo, jurídico ni político, que impida a la República Dominicana adherirse al tratado, porque aquí no hay una situación de conflicto armado ni una situación que sea el centro de atención del mundo", consideró Hugo Adrián Relva, uno de los representantes de Amnistía Internacional. El gobierno dominicano ya firmó el acuerdo dos años atrás pero falta su ratificación.

Según Relva, el Estatuto de Roma, que creó el Tribunal Penal Internacional, “probablemente sea el más importante de los tratados que se haya firmado en el mundo en materia de Derechos Humanos”.

Este tribunal, que juzgará los referidos crímenes sin importar fronteras, empezará a funcionar a partir del primero de julio en La Haya, Holanda, con una característica particular: no enjuiciará a nadie de manera retroactiva.

El Estatuto establecerá un nuevo sistema de justicia penal internacional, al crear la primera institución judicial permanente con capacidad para juzgar a los individuos responsables de las violaciones más graves al derecho internacional humanitario.

El tribunal juzgará la comisión de delitos tales como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, sólo cuando los países a los que pertenecen los criminales acusados no los juzguen, y ante una denuncia formal de otros estados miembros o de los fiscales del tribunal

Con sede en La Haya, Holanda, donde ya se encuentra el Tribunal Internacional de Justicia, el contenido del Tribunal Penal Internacional ha sido ratificado en estos últimos cuatro años por 67 naciones, entre ellas: Suiza, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Holanda, Argentina, Portugal, Costa Rica y Jordania.

Según el Estatuto de Roma, los gobiernos que lo ratifiquen, tendrán que acordar el presupuesto inicial y determinar los procedimientos y plazos para la nominación y elección de los magistrados y del fiscal. Los países que no ratifiquen el Estatuto de Roma no estarán sujetos a obligaciones financieras ni podrán nominar candidatos para magistrados.



dju / dju
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