El TPI, con sede en La Haya, tendrá carácter permanente, investigará y juzgará a personas, no a Estados, que gocen de inmunidad en sus países y por actos que se cometan a partir de su entrada en vigor, puesto que no tiene competencia retroactiva.
El objetivo es asegurar que los crímenes de guerra y contra la Humanidad puedan ser llevados ante la Justicia, ya sea nacional o internacional, y los procesos se podrán incorporar a instancias de un Estado parte, el fiscal o el Consejo de Seguridad de la ONU.
La creación de una Corte de estas características formó parte de la agenda de la ONU desde 1948, pero no fue hasta las masacres de Ruanda y la ex Yugoslavia que se aceleró el proceso de su creación.
El primer gran paso fue la Conferencia de Plenipotenciarios de Roma, celebrada en 1998, donde se aprobó su creación con el voto a favor de 136 países, la abstención de 21 y el voto en contra de siete, entre ellos de Estados Unidos.
El Tribunal consiguió las 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor el pasado mes de abril, pero enfrenta dudas sobre su eficacia no sólo por el rechazo estadounidense, sino por la falta de apoyo por parte de países como China, India, Pakistán o Irak, mientras que Rusia firmó su estatuto pero no lo ha ratificado.
El tribunal, que no será parte de la ONU, tendrá que rendir cuentas a los países que han ratificado su Tratado. La Corte estará compuesta por una presidencia, la sala de apelación, la sala de enjuiciamiento y preenjuiciamiento, oficina del fiscal y registro.
Además, estará formado por 18 magistrados, propuestos por los países que hayan ratificado el estatuto, elegidos por un mandato de nueve años y un equipo de fiscales e investigadores. Sin embargo, su personal definitivo no será escogido hasta enero de 2003 y aún quedan por abordar aspectos como la financiación, con lo que su funcionamiento efectivo no se producirá hasta finales de ese año o comienzos de 2004.