Tras siete horas de duro debate, el Poder Ejecutivo consiguió ayer que el Senado
derogué la ley 20.840, de subversión económica. La votación, en primera instancia,
terminó empatada y para ganar, el justicialismo apeló a la facultad reglamentaria
que contabiliza como doble el voto del presidente del cuerpo en caso de empate.
El oficialismo contó con la colaboración de la senadora radical Amanda Isidori,
de Río Negro, que solicitó retirarse del recinto por pedido del gobernador de
su provincia, Pablo Verani, para no entorpecer la sanción de la ley derogatoria.
Cuando el presidente provisional de la Cámara, Juan Carlos Maqueda, puso en
consideración el proyecto, la votación terminó 34 a 34. Ocho senadores del justicialismo,
veintidós radicales, uno del Frepaso y tres provinciales votaron en contra.
El sector disidente del justicialismo buscó por todos los medios evitar la
derogación de la norma. En ese sentido, el gobernador de Santa Cruz, Néstor
Kirchner, envió el jet de su provincia a Corrientes para traer a Buenos Aires
al senador del Partido Liberal, Lázaro Chiappe, que pretendía votar en contra,
pero había perdido la opción de tomar un vuelo de línea antes de que terminara
la sesión.
La norma sancionada no se limita a derogar la ley 20840, sino que establece
reformas al Código Penal. Así, el artículo 2º modifica el artículo 174 del citado
Código, que fija pena de prisión de dos a seis años para las conductas descriptas
en cinco incisos. Ahora se agrega el siguiente texto como inciso 6° del artículo
174:
"El que maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento
o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minero o destinado a la prestación
de servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente
disminuyere el valor de las materias primas, productos de cualquier naturaleza,
máquinas, equipos u otros bienes de capital."
La derogación de la ley de subversión económica permitirá al Gobierno cumplir
con otro de los 14 puntos que se había comprometido a impulsar para avanzar
en la negociación de una asistencia financiera para enfrentar la crisis.
También se incorpora el artículo 174 bis, que dispone lo siguiente: "será
reprimido con prisión de seis meses a dos años, quien por imprudencia o negligencia
o violando los deberes a su cargo, cometiere o prestare su consentimiento o
concurso para la realización de los actos mencionados en el inciso 6° del artículo
anterior".
Según trascendió, este artículo podría ser vetado por el Poder Ejecutivo, quien
pretende que solo se sancionen conductas dolosas. Igual suerte podría correr
el artículo 5° de la nueva norma, que dispone que "Las causas actualmente
en trámite ante la Justicia Federal por aplicación de la Ley 20.840 continuarán
sustanciándose ante el mismo fuero hasta que se dicte sentencia con autoridad
de cosa juzgada".
En la espera
Por su parte, el abogado del banquero Carlos Rohm, Alejandro Carrió, adelantó
que "por ahora" no presentarán ningún recurso para lograr la libertad del banquero
detenido. "Primero, hay que esperar que la ley se promulgue y se publique",
remarcó.
De esta forma, el letrado desmintió las versiones que hablaban de una "inmediata"
presentación judicial luego de la derogación de la ley 20.840. Rohm está
procesado con prisión preventiva por la juez federal Servini de Cubría , sindicado
como “organizador” de una asociación ilícita y por “subversión económica en
perjuicio del Estado nacional”.