El fin de semana último se conoció en Madrid que la Sala Penal rechazó la competencia para investigar la responsabilidad del ex ministro chileno Herman Brady Roche en el asesinato en Santiago de Chile, el 14 de julio de 1976, del funcionario de las Naciones Unidas Carmelo Soria, de nacionalidad española.
La Sala Penal utilizó los argumentos del Tribunal Supremo español en otro caso, para concluir que el proceso contra el ex funcionario chileno no debe continuar.
Para la acusación popular, en cambio, no se puede utilizar resoluciones porque no están firmes y porque no se trata de hechos delictivos iguales o semejantes a los que investiga Garzón.
Garcés sostiene que en ningún caso el Tribunal Supremo plantea la derogación del artículo que establece que la Justicia española puede perseguir fuera del territorio nacional los delitos de terrorismo, tortura y genocidio, como se afirma –según interpretaciones judiciales- en el auto de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.
"Salta a la vista que el Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha hecho, además, una lectura errónea, sin fundamento ni sentido lógico, de la resolución del Tribunal Supremo", dice Garcés en el escrito, quien adelantó además que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión cuestionada.
En tanto el único detenido que tiene la causa contra las dictaduras de Chile y Argentina, el ex marino argentino Adolfo Scilingo, ya presentó un recurso para evitar la vuelta a prisión, fundamentado en el fallo de la Sala Penal que cuestiona la acusación popular.
A través de su abogado Fernando Palmos, el ex capitán pidió que se que declare la nulidad del auto de la Audiencia Nacional que confirmó su reingreso en prisión, decretado por el juez Baltasar Garzón en julio de 2001.
El letrado explicó que si el tribunal no es competente para resolver en torno a la responsabilidad del ex ministro de Defensa chileno Hernán Brady Roche tampoco puede entender de las peticiones de Scilingo, que está imputado en la misma causa. Por eso, el abogado entendió que la resolución que devolvió a prisión a su cliente “es nula”.