La medida cautelar fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C, peticionando la derogación, suspensión
y/o modificación de numerosas leyes, decretos nacionales y circulares del BCRA.
La presentación fue confeccionada por el trabajo conjunto y ad honorem de los
abogados Alejandra Naman, María Angélica Escayola, Laura Padilla, Alejandro
Giménez Puga, Carlos Varela Alvarez, Diego Lavado, Alejandro Acosta y Mario
Redigonda, patrocinando a numerosos organismos no gubernamentales de las provincias
de Mendoza, San Luis, Tierra del Fuego y Buenos Aires, y a un numero de particulares
que llega a aproximadamente 1.000 firmas, con la adhesión de numerosos abogados
y del Colegio de Abogados del Chaco, entre otros.
En el escrito se pide una investigación in loco, esto es que una representación
de la Comisión se constituya en el país para apreciar per se las circunstancias
que se denuncian. Además, el objeto de la cautelar promovida es que la CIDH
"disponga las medidas necesarias para la adecuación de la legislación y situaciones
denunciadas, a los tratados internacionales bajo su jurisdicción".
Para los peticionantes, los derechos humanos vulnerados en nuestro país son
los incluidos en los arts.1 (Obligación de cumplir lo pactado), 4 (derecho a
la vida), 8 (garantías judiciales), 21 (propiedad), 24 (igualdad ante la ley),
25 (protección judicial ) y 26 (Cláusula de Desarrollo Progresivo), todos ellos
del Pacto de San José de Costa Rica. También se habrían afectado normas de la
Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática de la O.E.A.
Se ofrecen como testigos a expertos provinciales y nacionales en cada uno de
los derechos denunciados.
Además, en la presentación se denuncia la falta de seguridad jurídica en el
país "especialmente por la parcialidad y dependencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación".
"Los firmantes y patrocinantes reclamamos de la CIDH que acepte la MEDIDA
CAUTELAR porque de ella depende entre otras cosas la suerte y destino sin temor
a equivocarnos de millones de personas; porque son millones los ahorristas,
millones las personas que ven en riesgo su vivienda, millones lo jubilados afectados
por un oprobioso recorte, millones los afectados por el tema de la salud. En
definitiva estamos cautivos de un nuevo sistema que no garantiza ninguno de
los derechos consagrados en el Pacto de San José denunciados", se señala
en el escrito, agregándose que "estamos ante una gravísima, actual y permanente
violación a los derechos humanos por el Estado Nacional, que de esta manera
afecta a millones de habitantes de este país; ya sea por la confiscación de
sus ahorros, el riesgo de pérdida de viviendas, la inseguridad jurídica, la
afectación del derecho al salario, salud y bienestar, agravado por el hecho
que el sistema que vulnera estos derechos está revestido de las formas democráticas".
Para los peticionantes, un pronunciamiento de la Comisión en defensa de los
derechos vulnerados, además de su valor propio, "significaría un importante
contrapeso frente a las presiones de organismos internacionales de otra índole",
en referencia al Fondo Monetario Internacional.