Oyarbide decidió apartarse de la investigación por una recusación planteada por la querellante en la causa, la diputada del ARI Elisa Carrió, porque ella se ocupó de la acusación contra Oyarbide durante el juicio político al magistrado, debido al escándalo en el que el juez se vio involucrado.
En rigor, esta investigación fue en su momento objeto de una disputa entre el juez Oyarbide y su colega María Servini de Cubría, y la Cámara Federal resolvió que quedara en manos del primero.
La causa se inició a raíz de una denuncia de las diputadas Carrió y Graciela Ocaña, contra una veintena de banqueros, entre ellos el titular del Galicia, Eduardo Escasany y la conducción del Banco Vélox, por supuestas maniobras de fugas de capitales.