La posibilidad que los jueces federales –a excepción de Norberto Oyarbide—presten declaración testimonial por escrito surge del dictamen del fiscal federal Oscar Amirante, en el cual imputó a Soria y requirió el apartamiento del magistrado que entiende en la causa, Claudio Bonadio, por haber participado de la reunión con el titular de la SIDE, requerimiento que será resuelto por el magistrado la semana próxima, según pudo confirmar Diariojudicial.com.
En su dictamen –cuyo texto completo no había tenido difusión—Amirante le anticipa a Bonadio que considera “util y pertinente” requerir la declaración testimonial” de los jueces que partciparon de las dos reuniones, incluido el propio magistrado de la causa, una vez que éste se aparte del expediente. En ese sentido, el representante del Ministerio Público le señaló a Bonadio que “no puede ser testigo y juez” de la causa.
De todos modos, fuentes judiciales advirtieron que la causa por la que se investiga la presunta comisión de ilícitos por parte de Soria podría tener dos destinos posibles: o queda en manos de Oyarbide, que fue el único que no participó de ninguna reunión, o pasa a la justicia ordinaria.
Bonadio fue denunciado por el ex ministro Cavallo y por la defensa de Rohm ante el Consejo de la Magistratura, al igual que lo hizo la Sala Segunda de la Cámara Federal, y deberá ser este tribunal quien resuelva el destino del expediente.
La investigación apunta a lo sucedido el pasado 16 (sic) de enero en el domicilio particular de la presidente de la Cámara Federal, Luisa Riva Aramayo, donde se reunieron con Soria el camarista Gabriel Cavallo, el Administrador General de la Corte Nicolás Reyes, y los jueces federales Jorge ballestero, Jorge Urso, Rodolfo Canicoba Corral, Claudio Bonadio, Juan José Galeano y Sergio Torres, según lo consignan distintas versiones periodísticas.
También se hace mención a otro encuentro realizado en horas de la mañana en la casa de Reyes del que formaron parte los ministros de la Corte Julio Nazareno y Eduardo Moliné O Connor, así como también la juez federal María Servini de Cubría, en el cual “se trataron temas vinculados con la situación política, social y económica pero relacionados con la seguridad del Estado en virtud de los acontecimientos que estaba viviendo la República”.