El magistrado estimó que existe una "abierta confrontación de las entidades bancarias contra el sistema judicial en el cumplimiento de las ordenes" de pago, "alentada por organismos de otros poderes del Estado y sin analizar en lo más mínimo la peligrosidad institucional que este tipo de conductas podría acarrear".
La figura de "desobediencia" está contemplada en el artículo 239 del Código Penal y establece penas de prisión de 15 días a un año para "el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal".
Según la resolución del juez Bergés, el magistrado en lo contencioso administrativo N° 2 del Departamento de San Martín, Gustavo Bustos, dictó una cautelar favorable al ahorrista Mariano Soules, quien tenía depositados 13.206 dólares en el Citibank.
Cuando el hombre intentó recuperar su dinero en la sucursal bancaria ubicada en Santa Fe al 1100, la vicepresidenta residente del banco, Viviana Cosgrove, le explicó que no podía realizar el pago ese día y lo citó para el siguiente. 24 horas más tarde, el ahorrista se encontró con que la cautelar que ordenaba la devolución de los depósitos había sido apelada y las autoridades bancarias no le entregaron el dinero.
Soules formuló la denuncia penal y el juez Bergés, tras tomar indagatoria a los imputados, dictó el procesamiento del gerente bancario pero benefició con la "falta de mérito" a Cosgrove.