En diálogo con Diariojudicial.com, Gudiño de Argüelles -quien ahora va por la reelección en su cargo de consejera- informó que hasta el momento se presentaron un total de cinco empresas con la intención de participar en la licitación que tiene como fin llevar a cabo la implementación de los diseños de los juzgados modelos, según las formulaciones elaboradas por jueces que incluye el proyecto. En relación a esto, Gudiño de Argüelles comentó las conclusiones generadas en Ecuador, donde también se lleva a cabo una experiencia similar a la nuestra en los tribunales de Quito. En el caso ecuatoriano, el Banco Mundial impuso un modelo propio de juzgado modelo, que resultó inadecuado y tuvo que reemplazarse por uno diseñado por los ecuatorianos.
La nueva directora del Projum viajó recientemente al paìs de la ´famosa línea, acompañada por algunos jueces y el Administrador General de la Corte, Nicolás Reyes, para interiorizarse del proyecto y destacó que si bien allí se observa una idiosincracia distinta a la nuestra, se pudo comprobar las bondades del proyecto.
Asimismo, la magistrada federal confió que para la licitación del diseño de los juzgados, que tiene un costo presupuestado en algo más de dos millones de dólares, ya se presentaron una empresa de capital español, dos norteamericanas, una con capital argentino y norteamericano, y la restante con capital exclusivamente nacional.
En ese sentido, afirmó que el atraso que presenta el plan, en esta oportunidad, se debe a que se está a la espera de que el Banco Mundial responda la consulta efectuada sobre la posibilidad de actualizar el precio de los costos que tendrá la adjudicataria en la moneda local, presentada por una de la firmas participantes, ya que de lo contrario las firmas locales sufrirían una desventaja respecto a las extranjeras, dado que estas cotizan y cobran los gastos realizados fuera del país en la divisa de origen, concretamente, gastarían en dólares y cobrarían en pesos.
Desde el Banco Mundial se manifestó que la demora en fijar algún criterio se debe a que aún esas definiciones están pendientes para toda la cartera de créditos con Argentina y agregaron que sobre los mismos se están haciendo las consultas pertinentes con el Gobierno Nacional para darle solución al tema.
La magistrada -que se impuso llevar la tarea por delante con gran entusiamo- adelantó que una vez superado este problema se conformará un comité de evaluación con el fin de determinar cuál de las empresas, todas con experiencia en la implantación de esos modelos, será la mejor para llevar a cabo la aplicación del mismo en Argentina.
Sobre el comité, indicó que la idea es hacerlo lo más amplio posible con representantes de la Corte Suprema, del Ministerio de Justicia, del Consejo de la Magistratura, consultores y representantes de los doce juzgados alcanzados por el plan, como así también de los empleados.