Los investigadores judiciales han iniciado un trabajo silencioso en torno a los movimientos de los grupos terroristas y por esa razón niegan categóricamente la posibilidad de cerrar el expediente antes que sean descubiertos los responsables directos y se los lleve a juicio oral. "La causa no se va a cerrar hasta que tengamos presos a todos los que tengamos que tener", aseguran.
"Vamos a tratar de no dar ningún paso en falso y cuando vengan vamos a tener tanta prueba que vamos a tratar de evitar que no se nos vayan", se entusiasmó una alta fuente cercana a la causa que lleva adelante el titular del juzgado federal 9, Juan José Galeano, en una charla informal con Diariojudicial.com.
La fuente admitió, sin embargo, que existe "un límite difuso", que se traduce en esporádicos cortocircuitos, entre la instrucción sobreviviente y las actuaciones del tribunal Oral federal 3, que enjuicia a un grupo de policias y civiles acusados de facilitar la camioneta Trafic que el 18 de julio de 1994 -hace exactamente ocho años- estalló frente a la sede de la mutual judía causando la muerte de 85 personas y más de 200 heridos.
Sucede que los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Gerardo Larrambebere, integrantes del tribunal oral, plantean esporádicamente límites a las investigaciones que prosiguen en el juzgado de Galeano, mientras que éste advierte que ellos no tienen facultades para impedirselo como tribunal de alzada, existiendo la posibilidad que en el conflicto termine tomando intervención la Cámara Nacional de Casación Penal.
"El juzgado -explicó la fuente- está dedicado a reconstruir históricamente los hechos sin afectar el trámite del debate, investigando a personas y circunstancias que no son sometidos a juicio con la intención de esclarecer los hechos no descubiertos".
Al fundamentar su optimismo, el alto funcionario judicial reconoció que a partir de esa "reconstrucción histórica" iniciada dos años atrás, cuando el tramo de la causa por la conexión local fue enviado a juicio, surgieron "notables coincidencias" entre los dos atentados ocurridos en la Argentina, información que aparece a partir de la respuesta a los exhortos librados por Galeano a distintos paises y por el entrecruzamiento de llamadas telefónicas locales e internacionales, que ponen al descubierto el "modus operandi" en común de los terroristas.
A partir de la digitalización de toda la información acumulada en torno a la llamada "conexión internacional" ya "sabemos quien entró y quien salió del pais" antes y después del atentado, en tanto que a partir de la elevación a juicio surgieron datos de relevancia sobre "lo que pasó entre el 10 y el 15 de julio", los días previos al ataque a la mutual judia. El vocero aclaró, sin embargo, que "ninguna de esa información está vinculada con acusados que están siendo sometidos a juicio".
Los investigadores judiciales de ambos atentados, Galeano y el secretario especial de la Corte Suprema de Justicia Esteban Canevari, no dudan en atribuir a la organización terrorista Hezbollah, brazo armardo de la corriente libanesa pro iraní Jihad Islámica, la autoría material de los ataques terroristas, como parte de una acción reflejo del conflicto con Israel en Medio Oriente.
Desde su inicio, el expediente ha acumulado 510 cuerpos que conforman 113 mil fojas, a los que se adjuntaron los 78 cuerpos de la causa que instruyó el juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina y 58 del proceso que se siguió al ex comisario Juan José Ribelli por el delito de extorsión en la Plata.
Los atentados contra el Word Trade Center de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington del 11 de septiembre del año pasado, parecen haber despertado el interés global por el esclarecimiento de este tipo de ataques, que se exterioriza en "un nuevo feeling" por parte de los Estados Unidos y los gobiernos europeos "a partir de la globalización del terrorismo".
El panorama actual, que se verifica en el entrecruzamiento de datos acerca de personas, organizaciones y movimientos de presuntos terroristas fue descripto por la misma fuente, quien destacó la labor desarrollada durante su gestión por el ex secretario de Justicia de la Nación, el radical Melchor Cruchaga, en el gobierno de la Alianza.
El atentado que no fue
La busqueda de hechos de caracteristicas similares al ataque a la AMIA llevó a los investigadores a conocer detalles de un frustrado atentado a la embajada de Israel en Tahilandia en 1994 en el que se utilizó un vehiculo de caracteristicas similares a la Trafic equipada como coche bomba, armado con un explosivo en base a nitrato de amonio.
La información fue recibida en el juzgado federal 9 luego que el expediente fuera traducido por la Universidad de Bangkok y enviado a la Argentina y revela que en abril de 1994 un hecho providencial impidió que el vehiculo estallara en la delegación diplomática israelí.
El coche bomba -que había sido alquilado con chofer a una empresa local- permaneció estacionado en una playa de estacionamiento cercana en los días previos al fijado para cometer el atentado, pero el conductor suicida atropelló a un ciclista, por lo que de inmediato la camioneta fue rodeada por transeuntes que le recriminaron el hecho a viva voz.
Ante el acoso, el presunto terrorista huyó con rumbo desconocido, y minutos después personal policial retiró la camioneta del lugar, permaneciendo por el transcurso de una semana en la playa de una comisaría.
Cuando por fin se dispusieron a efectuar las pericias, los policías descubrieron la carga explosíva y además un tambor de agua en cuyo interior se encontraba el empleado de la empresa contratado como chofer, que había sido asesinado.
Puede ver otras notas relacionadas con el juicio del atentado a la AMIA en DiariodelJuicio.Com