Al cierre de esta edición sólo había sido interrogado el primero de los postulantes, el juez del tribunal oral nacional 23 Héctor Magariños, en una entrevista que duró una hora y media y triplicó el tiempo que se había establecido en un principio, y que se caracterizó por el duro debate en el que se entrelazó el candidato con el consejero Miguel Angel Pichetto respecto de la eficacia o no de la delegación de facultades en la policía, en relación a la media sanción de una ley otorgada por la Cámara de Diputados.
Seguirán a Magariños el juez de instrucción Jorge Rimondi, el federal en lo Criminal y Correccional Gabriel Cavallo y el Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, entre los que tienen mayores posibilidades para ocupar el cargo. El cuestionario al que la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura sometió a Magariños redundó en temas de candente actualidad penal: la delegación de facultades en la policía, la derogación del dos por uno, el juicio abreviado y la validez de la figura penal de enriquecimiento ilícito.
Los consejeros le preguntaron si la Constitución Nacional le impide al poder político ampliar las facultades de la policía, a lo que Magariños respondió que “hay límites que el poder político no puede exceder”, y siguió explicando los principios penales de acto, lesividad, legalidad y culpabilidad, de los que surgen las distintas garantía del sistema, hasta que Pichetto intervino. “Es un discurso distorsivo, acusó el legislador. Lo que se le permite a la policía –a través del proyecto de ley- es requerir información en el lugar del hecho, el suyo es un discurso que se aleja del realismo; se trata de un paso menor que no violenta los derechos individuales”.
El diputado justicialista criticó el proyecto de código procesal penal de Maier, y que quedó sólo en proyecto luego de la aprobación del Código Levene. “Estamos ante una doctrina ultragarantista que requiere de realismo y eficacia”, lanzó Pichetto al comentar la exposición del candidato. Magariños entró en el debate, que a esa altura ya parecía parlamentario, y respondió a Pichetto sobre sus opiniones respecto de los interrogatorios policiales: “la pregunta formulada por alguien con un uniforme y que porta un arma lleva ínsita la coacción; y si la Constitución dice que el Estado no puede obligar a nadie a declarar, está limitando los interrogatorios, para que posean un carácter coactivo. Por eso es mejor que el que interrogue sea un juez, inclusive porque nuestra investidura no da el temor que da el uniforme”.
Hacia el final, la entrevista comenzó a distenderse, sobre todo cuando Humberto Quiroga Lavié consultó a Magariños por sus actividades fuera del ejercicio de la Magistratura y de su actividad como profesor adjunto de derecho penal, y el candidato terminó explicando que no nadaba hace ocho meses “por una lesión lumbar”, le pidió al consejero Javier Fernández Moores, afectado por la misma lesión, que le recomiende un médico, y se reconoció un obsesivo televidente, “por lo que mi mujer me va a echar de casa”, según reconoció en un clima jocoso.
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