El magistrado, que también forma parte de otras organizaciones del ámbito de la drogadependencia y la lucha contra el SIDA, indicó que la ley actual “convierte en delincuentes” a los drogadependientes.
El requerimiento de la Asociación de Reducción de Daños apunta a "proteger la salud de los adictos y no que sean tratados como delincuentes, de acuerdo a la legislación vigente desde hace una década que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo”.
Vázquez Acuña manifestó que “no se necesita demasiada sagacidad para advertir el fracaso” de la ley en su intención de preservar "el bien jurídico que busca proteger: la Salud Pública".
Según el documento de la referida Organización No Gubernamental (ONG), con la ley actual al adicto se lo "marginaliza y clandestiniza haciendo muy difícil cualquier intervención en materia de asistencia y prevención".
En ese sentido, la entidad consideró que "la respuesta penal condiciona el contacto del drogadependiente con las instituciones sanitarias ante la posibilidad de ser detenidos". El adicto se ve "privado de la acción terapéutica que pudiera necesitar con relación al consumo”.
La penalización de los usuarios de drogas "es responsable de gran parte de los daños sociales relacionados directa o indirectamente con el consumo" porque profundiza la marginalidad y hasta los riesgos de incurrir en actividades delictivas, indicó el documento.
En otro párrafo del mismo informe, se insta al Estado a que se adopte una “política respetuosa de los Derechos Humanos”, descriminalizando al consumidor de drogas para que “libres de persecución penal, puedan integrarse a un sistema de protección”.