22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Prevención si, penalización no

“La ley 23.737 es agresiva”, afirmó el secretario de la Asociación de Reducción de Daños mientras continúa la recolección de firmas para presentar una acción judicial mediante la cual solicitarán la derogación del segundo parrafo del artículo 14 de la ley, que penaliza la tenencia de drogas para consumo personal.

 
En diálogo con Diariojudicial.com, el psicólogo Gustavo Hurtado consideró que los costos económicos, sociales y sanitarios por los efectos de la ley “han dado un resultado negativo en todo el mundo y sobre todo en Argentina”.

El psicólogo señaló que la criminalización del consumo se ha manifestado como un fracaso a partir del costo para el sistema penal y para la policía en su intento de luchar contra el narcotráfico. Según Hurtado, el 24 por ciento de las personas detenidas es por consumo personal de drogas.

A entender de la entidad, el adicto se ve "privado de la acción terapéutica que pudiera necesitar con relación al consumo y la atención que urgen otras patologías", entre ellas la hepatitis, el virus HIV, el cáncer y distintos tipos de patologías. De aquí se desprende que penalizar la tenencia para consumo agrava el cuadro de los enfermos

Según datos provenientes de la Asociación de Reducción de Daños, las estadísticas realizadas en los últimos 18 años dieron como resultado que el 40 por ciento de los presos infectados con el virus HIV se contagiaron por vía endovenosa.

Los integrantes de la entidad civil consideran que la ley vigente "pone en peligro la integridad física de los consumidores y los ubica en situación de ser objeto de coacciones o extorsiones" profundizando además la marginalidad y hasta los riesgos de incurrir en actividades delictivas.

Por este motivo, consideran que debe ser derogado el parágrafo 2 del artículo 14 de la ley 23.737, que dispone que “Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes. La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.”

Mientras esperan la derogación de la ley, los integrantes de la entidad civil, conformada por representantes de ámbitos científicos y jurídicos de todo el país, implementaron un dispositivo de prevención de afecciones como el SIDA y la drogadependencia en servicios penitenciarios, recitales de rock y villas de emergencia.

La intención de la Asociación es que se englobe a los consumidores de drogas en un tema de salud pública y no que sufran un “calvario atrapados en el sistema penal”.



dju / dju
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