Según el informe sólo el 10% de las 314.967 personas esterilizadas en Perú lo hicieron por propia voluntad. En los otros casos, los pobladores, habrían sido presionados, amenazados, o se les ofrecía regalos en alimentos o ropa para que acepten ser esterilizados quirúrgicamente.
Del reporte se desprenden 56 documentos oficiales que van a ser presentados como prueba, que contienen detalles de cómo era llevada adelante la campaña de esterilizaciones a fin de impedir que las mujeres de bajos recursos sigan teniendo más hijos.
En 1997 diferentes medios periodísticos empezaron a recoger testimonios de mujeres operadas que dijeron haber sido sometidas a ligaduras de trompas contra su voluntad o a cambio de regalos.
Activistas de derechos humanos, grupos feministas, la oposición y la Iglesia Católica acusaron al gobierno de Fujimori de cometer violaciones a los derechos humanos contra pobladores humildes.
El congresista Héctor Chávez, miembro de la comisión parlamentaria que investiga este tema, dijo que de proceder las denuncias, el caso de las esterilizaciones podría ser denunciado a la comunidad internacional como uno de los más viles crímenes de genocidio.
Fujimori actualmente vive en Japón, amparado en la nacionalidad japonesa que adquirió y que le ha permitido hasta el momento evadir a la justicia. El ex mandatario es requerido por los delitos de abandono de cargo, homicidio calificado, por el caso de dos matanzas cometidas durante su gobierno, y peculado.