Mondino basará su pedido al decir que “se violenta el derecho a la protección judicial, intentándose impedir a través de un decreto el normal funcionamiento de un precepto constitucional fundamental como es el derecho de los ciudadanos en lo que se conoce como debido proceso”.
Además, según el Defensor del Pueblo, “el decreto virtualmente desnaturaliza la acción de amparo en su contenido más sustancial que es la inmediatez en la reposición del derecho vulnerado”.
La presentación “tiene el objetivo de proteger no el interés individual de un ahorrista en particular sino el interés general del conjunto y la totalidad de los damnificados por la indisponibilidad de los depósitos y la pesificación”.
El 8 de julio pasado, García, hizo lugar a una acción de amparo presentada por Mondino y declaró la ilegitimidad del decreto 1570/01 por la vulneración de los derechos de propiedad de los ahorristas y de la intangibilidad de los depósitos.
La Ombudsman porteña se prepara
Por otra parte, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, adelantó que presentará una acción declarativa de inconstitucionalidad en contra del nuevo decreto del Poder Ejecutivo Nacional que frena la salida de fondos atrapados dentro del denominado corralito financiero.
A través de un comunicado apuntó que “una vez más el Gobierno Nacional viola mandatos constitucionales al paralizar la acción de la justicia” en referencia al decreto que suspende la ejecución de las sentencias judiciales por el corralito.
En ese sentido, disparó que la medida afecta los derechos de la gente y que eso generó que hayan decidió en los próximos días presentarse ante la justicia con el fin de lograr que se declare la inconstitucionalidad de la norma del PEN que intente una vez más frenar la devolución judicial de los depósitos.
La defensora porteña agregó que con medidas de ese tipo la Argentina incumple también de este modo “las obligaciones del derecho internacional” y queda expuesta a que la sancionen por la violación de los mismos.