Además del embargo de los bienes inmuebles del Gobierno argentino, la disposición judicial incluiría el embargo de los millones de dólares destinados a favor de Argentina a través de líneas de créditos.
Según el medio romano, las acciones judiciales fueron planteadas por los ahorristas ante la imposibilidad de recuperar sus fondos.
Unos 300 mil inversores privados compraron títulos del Estado argentino en Italia, por un monto total de unos 13,5 mil millones de euros, según indicaron las asociaciones de consumidores italianas. La mayoría de los inversionistas son jubilados, empleados y dirigentes de empresas, que invirtieron en promedio 60 millones de liras (31 mil dólares) por persona en bonos argentinos.