El magistrado deberá intervenir a partir del dictamen del fiscal Oscar Amirante, quien se pronunció porque sea investigada una denuncia formulada por la Oficina Anticorrupción, basándose, entre otros informes, en la documentación remitida a la Argentina por el Senado de los Estados Unidos a la comisión especial que investigó el lavado de dinero y que encabezó la diputada Elisa Carrió.
La denuncia apunta a determinar si el Exxel Group realizó maniobras irregulares mediante la compra de importantes empresas en la Argentina, entre ellas la cadena de supermercados Norte y la panificadora Fargo, que actualmente se encuentra en concurso preventivo.
La presentación del fiscal Amirante ante el juez Oyarbide también intenta esclarecer la posible vinculación del holding con el fallecido empresario Alfredo Yabrán, que se suicidó en mayo de 1998.
La investigación incluye también informes del IPFC International Group, una consultora con sede en Washington en los cuales se señala que Exxel "no tiene bienes propios y actúa sólo como gerenciador de negocios que adquieren compañías que deben autofinanciar el costo de su propia adquisición mediante el endeudamiento" de las propias empresas.
Según esa operatoria, Exxel, cuya cabeza visible es el empresario Juan Navarro, tomó créditos para comprar Fargo y Norte y luego emitió obligaciones negociables con altas tasas de interés para cancelar ese crédito.
A su vez, para hacer frente al vencimiento de los bonos, se hipotecaron los activos de las firmas adquiridas, con lo cual y afectadas por la recesión de la economía argentina, las empresas quedaron en delicada situación financiera.
Menciona el fiscal otras dos empresas del grupo, Havanna (fabricante de golosinas) y Musimundo (de comercialización de música y artefactos del rubro) que también atravesarían preocupantes dificultades económicas.
Amirante entiende que cada uno de los pasos dado por el holding resultan en principio "absolutamente legales", pero advierte que ello no significa que el Exxel haya obrado "sin la aviesa intención de dolo de utilizar empresas nacionales y rentables para provocar a la larga su vaciamiento, concurso o quiebra", delitos contemplados en el Código Penal argentino.
Señala que "este vaciamiento estaría individualizado y concientizado en las emisiones de obligaciones negociables altamente redituables en relación al pago de altas tasas de interés que en definitiva en el desarrollo empresarial no podría nunca soportar ninguna empresa de las adquiridas por el Exxel, lo que las llevarían directamente a su bancarrota".
El informe que presentó la fiscalía desliza también una crítica hacia el sistema argentino de control, al señalar que esa operatoria, denominada "compra apalancada", es corriente en otros países como los Estados Unidos, pero que allí "los organismos de control funcionan más que satisfactoriamente".
Se trata de establecer además si el grupo Yabrán es en realidad el verdadero dueño de las empresas en cuestión y si la venta de Exxel a Juan Navarro resultó ficticia, a través de la retención de la mayoría de las acciones en carácter de acreedor prendario.
La fiscalía le solicitó a juez Oyarbide que ordene pericias contables sobre las empresas de Exxel a distintos organismos del Estado, que la Cámara de Diputados aporte documentación y que se tome testimonio a los periodistas Silvia Naishtat y Pablo Maas autores del libro titulado "El cazador. La historia secreta de los negocios de Juan Navarro y el grupo Exxel".