La solicitud, que recayó en el juzgado federal cuatro a cargo de Jorge Ballestero, fue justificada por “el escaso tiempo que se encontrará el imputado en el país y la posibilidad cierta de que el mismo no pueda ser citado a prestar declaración indagatoria y responder posteriormente a un posible juicio oral por el delito que se le imputa”.
Según el escrito de IMPA, “el ilícito imputado, no resulta ser por su pena excarcelable” por lo que dudan los empresarios metalúrgicos firmantes “que se tendrá una oportunidad como la que en el día de mañana se presentará”.
De acuerdo a la anterior presentación, los representantes del FMI “exigieron la firma de un acuerdo en los términos por ellos aportados, manifestando expresamente que la negativa a tales términos sólo empeorarían la situación del país”, cuando “no escapa al entendimiento general que las condiciones impuestas no favorecerán más que al FMI y de ningún modo al pueblo, que los gobernantes juraron sobre la Constitución Nacional defender”.
Los directivos del Fondo, con el respaldo de O´Neill , se pronunciaron de un modo “claramente intimidatorio” respecto de los “sujetos pasivos” del delito denunciado, como lo son “todos los habitantes del suelo argentino y en especial a los miembros del Congreso que se ven obligados a aprobar leyes en claro desmedro del interés de la población”.
El cumplimiento de esas exigencias “son una consecuencia de una negociación extorsiva” y que de no responder a dichas pretensiones “solo ocasionaría mayores índices de pobreza y de intervención de organismos dependientes de los llamados países del Primer Mundo a los que mentidamente no hicieron creer que pertenecíamos”.
Además de O´Neill, en abril fueron denunciados por el delito de extorsión el titular del Fondo Monetario Internacional, Hoerst Kuhler; la segunda en la escala jerárquica, Anne Kruger y el anterior enviado a la Argentina Annop Singh.
El delito de extorsión está contemplado en el artículo 168 del Código Penal y contempla penas que van de los cinco a los 10 años de reclusión.