La presentación sindica la comisión de supuestas irregularidades en el funcionamiento de la Caja de Conversión que, entre otras cosas, permitió que el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (BERSA), participara de transacciones que en el período diciembre a junio le reportó ingresos por 975 mil pesos, según informó El Diario de Paraná.
Para poder acceder al canje de bonos, los requisitos exigían estar al día en el pago de los tributos a la Dirección General de Rentas (DGR), y la apertura de una cuenta especial en el BERSA donde los bonos se deberían depositar, y que pasarían de inmediato a disposición de la Tesorería.
En ese sentido, en la denuncia se señaló que "constituye acto irregular la exigencia de apertura de cuentas bancarias y la imposición de costos financieros a las personas legítimamente habilitadas para obtener el canje", a los que además "se afecta irrazonable e innecesariamente en exclusivo beneficio de la entidad que opera como agente financiero del Estado provincial".
De esta manera, con ese trámite el Gobierno consiguió "una fuente gratuita de financiamiento, en perjuicio de los particulares privados sin término de sus valores puestos en custodia".
Según la oficina de Control de Operaciones de la Tesorería General, en el período que va desde el 26 de diciembre de 2001 hasta el 10 de julio de 2002, ingresaron a la cuenta del Tesoro provincial, por vía de depósitos para el canje un total de 193 millones. De esto se desprende de acuerdo a la presentación, que el sistema de canje que aplica la Caja de Conversión es en la práctica un mecanismo "confiscatorio".
"El titular del Ejecutivo tuvo plena conciencia, desde el principio del régimen de canje que estableció, que le sería imposible la restitución de los valores de terceros en los plazos que establecía ni en otros aproximados, así como también de que la masa de Bonos Federales a la que accedería a través del depósito compulsivo de los comerciantes aspirantes al canje —la que alcanzó en el primer semestre de 2002 a una cantidad equivalente a 190 millones de pesos— contribuiría a financiar en buena medida las obligaciones salariales del Estado o las indispensables al funcionamiento de éste", se aseguró en la denuncia.
Además se cuestionó la falta de controles frente a la depreciación del Federal. "En efecto, consultando el listado de comercios que acceden al trámite de conversión, puede sostenerse que la mayoría de los negocios que allí figuran no acepta el Bono Federal sin restricción o limitación alguna, ya que se verifica un recargo de entre el 20 y 30%".