04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Se le colgó la compu

El fiscal Carlos Stornelli pidió que se amplíen los cargos contra la ex secretaria de la Función Pública, Claudia Bello, en relación a nuevas irregularidades detectadas en la contratación de empresas para la campaña de prevención del “efecto 2000”.

 
Claudia Bello podría ver complicada su situación judicial si prospera un pedido del fiscal Carlos Stornelli a la juez María Servini de Cubría, para ampliar la imputación de la ex funcionaria, quien ya está procesada por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

Fuentes judiciales confirmaron que el pedido fiscal se debe a la identificación de “otros hechos irregulares” en contratos sucesivos con la empresa Lautrec Publicidad, que se encargó de realizar la campaña de prevención contra el llamado “Efecto 2000” que, se creía, afectaría a las computadoras por el cambio de milenio.

Además, Bello debería volver a los tribunales si prospera un pedido de Stornelli para que se le amplíe su declaración indagatoria en torno a los nuevos hechos detectados.

De igual manera, podrían desfilar por Comodoro Py 2002 tres ex funcionarios de la secretaría de la Función Pública: Ángela María Riggon, Víctor Cantero y Horacio Bunotto. Los tres ya están procesados, en una situación similar a la ex dirigente de la Juventud Peronista.

En el mismo dictamen, Stornelli pidió que se cite a declaración a indagatoria a varios responsables de Lautrec Publicidad y de otras empresas cercanas al grupo. Si el pedido prospera deberán declarar Leonardo Rabinovich, Fernando Pearson y Matías Sarasola.

También pidió la declaración de Roberto Márquez, Gustavo Matoso y Giani Gasparini, todas personas vinculadas a las empresas que realizaron las tareas encomendadas por la secretaría de Claudia Bello.

En mayo de este año, la Cámara Federal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Claudia Bello y otros ex funcionarios de su secretaría y encomendó a la juez instructor una serie de medidas tendientes a determinar otras responsabilidades.

La iniciativa investigada, llamada “Campaña de Entrenamiento, Prevención, Distribución y Difusión de la Problemática del año 2000”, le costó al Estado nacional más de 7.000.000 de pesos, cuando según un informe de la Sindicatura General de la Nación no podría haber costado más de 4.965.000 pesos.



dju / dju
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