El motivo de la reunión fue para explicarle a la juez que en ese distrito el PJ necesita en forma “urgente” que se nombre un interventor judicial para que, de este modo, se den las garantías con miras a las próximas elecciones, en el marco del próximo cronograma electoral.
De esta forma, el grupo de justicialistas se presentó en el despacho que la magistrada tiene en el edificio de Talcahuano 550 para comentarle su preocupación por el descrédito en la que ha caído “la clase política en el último tiempo”, y agregar que esa situación “se traduce en una repulsa de las bases y de la sociedad en su conjunto”.
Ante esta situación, el grupo que ya había presentado un escrito ante la juez el último 20 de agosto, en donde pedían la intervención del ese distrito del PJ, manifestaron su intención de que la justicia nombre un interventor judicial para que normalice la situación de la fuerza.
A la hora de la elección del interventor, desde el partido le mencionaron a la juez dos posibilidades, la primera, que el mismo podría ser una persona de confianza del tribunal, que contaría con la asistencia de una comisión de consulta compuesta por entre tres o cinco afiliados.
En tanto la segunda posibilidad estaría presentada por la chance de que se eligiera, en carácter de interventor, a un afiliado, quien deberá contar en su haber con una trayectoria irreprochable en el distrito y que no este ligado por ninguna razón a los sectores que intentan quedarse con el poder en la fuerza.
En el momento en que habían presentado el escrito, el grupo de justicialistas justificaron el mismo a raíz de que, en la actualidad, las autoridades metropolitanas “cesaron en sus funciones por el transcurso del tiempo y en virtud de la intervención dispuesta por las autoridades nacionales del Partido Justicialista, ya que, con fecha 10 de octubre del 2001 se designó, por unanimidad, en tal cargo, a Duhalde”, pero el mismo dejó acéfalo al partido cuando asumió la Primera Magistratura.
Además alertaron que la Carta Orgánica Nacional del partido establece que la intervención de organismos partidarios dispuesta por el Congreso Nacional "en ningún caso podrá extenderse más de un año". Sobre ese término manifestaron que el mismo ya ha vencido, y que hace “unos tres años que se sigue en distintas intervenciones, sin que los 200 mil afiliados puedan elegir a sus dirigentes”.
De la audiencia que se celebró entre la magistrada y los justicialistas tomaron parte los afiliados Susana Elsa Torres, Alfredo Carella, Alfredo Morelli, Alicia Villegas y Radamés Marini.