En ese sentido, los presentantes afirmaron que la mencionada ley “dispone la renegociación de los contratos a raíz del cambio de las reglas económicas, y no un aumento tarifario como cuestión única e impostergable”.
Para los demandantes, las audiencias públicas, si se llevan a cabo en ese marco de ilegalidad, “se transformarán en un instrumento de convalidación de los aumentos tarifarios que exigen las empresas privatizadas”.
Al respecto, denunciaron que la idea de celebrar las audiencias públicas tiene como fin que la presencia de los usuarios en las mismas “convalide una farsa” ya que remarcaron que el único objetivo que tienen es “el incremento de las tarifas”.
Las entidades justificaron su presencia en que tanto “las empresas como el gobierno ya tienen acordado aumentos insoportables para los usuarios” y de ese modo solicitaron que se ordene al Estado Nacional a que proceda a dar “cabal cumplimiento al proceso de renegociación de los contratos de los servicios públicos”.
Asimismo, apuntaron que “la adopción de aumentos tarifarios y en este marco la convocatoria a audiencias públicas sin cumplir con los recaudos mínimos y elementales de cualquier acto administrativo, configura una gravísima violación a derechos constitucionales, agravado por el ocultamiento y la pretensión de brindar una imagen de participación cuando en rigor ella es totalmente escamoteada, así como el derecho a la información y al derecho de defensa”.
También, apuntaron que “la administración, lisa y llanamente, está engañando a los usuarios; a las asociaciones de usuarios; a los miembros de la comisión renegociadora y a la sociedad en general” y opinaron que esa conducta es “inadmisible en un régimen de estado republicano de Derecho”.