De todas maneras, las audiencias continuarán suspendidas hasta tanto se resuelva la apelación por la Alzada.
Rodríguez Vidal concedió la medida cautelar en el marco de una acción iniciada el pasado viernes por la Defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y varias entidades de defensa de los derechos de los usuarios, en la que se solicita que se dejará sin efecto la celebración de las audiencias públicas, ya que entendían que esa era una forma de avalar la suba de las tarifas de los distintos servios públicos que en la actualidad se encuentran privatizados.
En ese sentido la juez decidió "admitir la medida cautelar peticionada, ordenando, en consecuencia, la suspensión de la realización de las audiencias públicas convocadas en el marco del proceso de renegociación iniciado con motivo de la ley 25561, con la finalidad exclusiva de considerar una recomposición tarifaria de urgencia, ello hasta tanto las mismas puedan tener lugar como parte del proceso global de renegociación".
Para llegar a esa conclusión la magistrada consideró que el derecho que invocaba la actora respecto a la falta de sustento para la celebración de las audiencias públicas convocadas, tenia "un grado de verosimilitud suficiente" en el cual quedaba más que fundamentado el otorgamiento de la cautelar que se solicitaba.