El abogado de D´Alessio de Viola, Julio Virgolini, había planteado ante el juez Jorge Ballestero que la sospecha en contra de la ex funcionaria no era “razonable” y pidió el archivo por “falta de acción”.
La Cámara, en cambio, le dio la razón a la estrategia del juez y el fiscal de la causa, Carlos Cearras, quien pidió que se investigue a la ex funcionaria en los términos del artículo 268 del Código Penal, que prevé penas de reclusión de dos a seis años para aquel que figure como “persona interpuesta” (una suerte de testaferro) para disimular un enriquecimiento ilícito .
Para la justicia federal, eso es precisamente lo que hizo D´Alessio de Viola, cuando su marido aseguró ante la Oficina Anticorrupción (OA) que buena parte del incremento patrimonial que registraba su declaración de bienes era en realidad de la sociedad conyugal y aportadas por su esposa, quien al momento del supuesto ilícito ya no era funcionaria.
La causa se inició cuando la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia del Ministerio de Justicia informó a la OA sobre el incremento sospechoso de los bienes de Viola.