El Máximo Tribunal bonaerense rechazó las recusaciones planteadas, que incluían a todos los ministros y demás integrantes del Poder Judicial y afirmó que el pedido efectuado por la entidad que nuclea a los abogados provinciales era "malicioso" y "obstruccionista" del normal desarrollo del proceso.
La Suprema Corte desconoció el argumento de "prejuzgamiento" que había planteado la entidad y subrayó que ésta "pretende el desplazamiento de los jueces naturales y con ello una integración con abogados de la lista de conjueces, trasladando así la decisión final de la contienda a los abogados matriculados en ejercicio activo de la profesión y bajo su control disciplinario".
Fuentes consultadas informaron que el planteo de "prejuzgamiento" realizado por el Colegio de Abogados para fundar el pedido de recusación, se basa en que el Máximo Tribunal Provincial hace más de dos años que no resuelven el pedido realizado por los propios jueces contenciosos administrativos designados para que se les tome juramento y porque alguno de los ministros ya se habrían pronunciado en sentido contrario a la implementación del fuero.
De todas maneras, la Suprema Corte provincial le solicitó al Poder Ejecutivo local que incorpore al presupuesto del ejercicio financiero para el año 2003 los créditos y cargos que sean necesarios para la habilitación y la puesta en funcionamiento del fuero en lo Contencioso Administrativo.
Según la Constitución Provincial, el fuero debía empezar a funcionar antes del 1 de octubre de 1997. Luego de los concursos realizados por el Consejo de la Magistratura bonaerense, el Poder Ejecutivo local, en diciembre de 1999 dictó los decretos designando a los jueces, cuando todavía era gobernador Eduardo Duhalde.