La medida cautelar dictada por Márquez representa sólo un paso más en el conflicto por la competencia en el juego que promete no quedarse ahí. Si queda firme la medida, los bingos y las agencias hípicas también podrán instalar las suyas.
Es por ello que la Ombudsman de la ciudad de Buenos Aires presentó un escrito en la causa “Alicia Oliveira -Defensora del Pueblo de la Ciudad de Bs. As. contra GCBA sobre Acción Meramente Declarativa”, que tramita en el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario Nº 12, a cargo de Alejandra Beatriz Petrella, en el que solicita que la magistrada disponga lo pertinente para que el Hipódromo de Palermo cumpla con la medida cautelar dictada en ese expediente, “cesando en el funcionamiento de las máquinas tragamonedas allí instaladas”.
Por otro lado, Oliveira también se presentó, en carácter de “tercero interesado”, en el expediente que se lleva adelante en el juzgado en lo civil y comercial federal Nº 7, a cargo de Luis María Márquez, pidiendo a ese magistrado que deje sin efecto “cualquier medida que haya sido dictada autorizando el funcionamiento de tragamonedas en el Hipódromo Argentino de Palermo”.
En ese sentido, la Defensora porteña recuerda en la presentación que el pasado 26 de agosto la juez Petrella dictó una resolución disponiendo una medida cautelar para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haga cesar en su funcionamiento cualquier máquina tragamonedas que funcione en la ciudad, “medida que se ha extendido especialmente con fecha 12 de septiembre de 2002 al Hipódromo Argentino de Palermo SA, prohibiendo el funcionamiento de cualquier máquina tragamonedas que opere en ese lugar”.
Por ello, en opinión de la Ombudsman porteña, el juez Márquez no es competente para intervenir en el caso. Oliveira aclara que quiere tomar intervención en la causa que tramita en el fuero civil y comercial federal, ante la difusión periodística de fotografías que muestran máquinas funcionando en el Hipódromo Argentino de Palermo “a raíz de supuestas medidas dictadas” por Márquez, que habrían dejado sin efecto la cautelar dictada por Petrella.
Además, en declaraciones a la prensa, Oliveira expresó que “no podemos tolerar que un juez que no tiene ninguna competencia en un tema como este, viole la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que es quien debe fijar sus propias normas para el funcionamiento del juego”.
La otra cara de la moneda
Los filosos conceptos de Oliveira, y del procurador General de la ciudad Juan Carlos López (que en declaraciones radiales propuso el juicio político de Márquez) contrastan con la calurosa bienvenida que le dieron los trabajadores del sector. Miguel Ángel Quiroga, secretario general del gremio del Personal de Palermo y San Isidro le dio la eufórica bienvenida: “Esta es una conquista de los trabajadores. Va a ayudar a mantener la fuente de trabajo y nos permitirá recuperar el 20% que se dedujo de nuestros salarios. Esperamos que el Gobierno de la Ciudad privilegie los intereses de los trabajadores por sobre los intereses políticos”.
Mientras tanto, en el gobierno de la ciudad se debaten entre las necesidades y los intereses. Por un lado se oponen a la instalación de las tragamonedas, prohibidas en la Capital Federal, aunque estén aprobadas por Lotería Nacional (el juego no es algo propio de la competencia federal, dice el procurador) y por el otro, se les hace agua la boca pensando en los recursos que dejaría el juego en las arcas de la ciudad autónoma. En momentos en que los presupuestos de salud y educación están en estado crítico, saben que no les vendría nada mal una importante inyección de fondos frescos provenientes del juego.
Temas relacionados en Diario del Juicio: