La denuncia fue formulada por el abogado Ricardo Monner Sans quien sostuvo que desde el ángulo del Derecho el cobro de "sobresueldos" por parte de los legisladores reuniría similares características a las contempladas en el artículo 259 del Código Penal que alude a la percepción de dádivas.
El denunciante explicó que según esa norma el funcionario público que admite dádivas "que fueran entregadas en consideración a su oficio" tiene castigo de un mes a dos años de prisión e inhabilitación absoluta de uno y seis años.
Advirtió, además, que hasta el momento él no tuvo conocimiento "que la presidencia de la Cámara de Diputados haya puesto en marcha la investigación correspondiente".
El letrado fundó su denuncia en los dichos de los diputados Julio Gutiérrez y Ricardo Falú, quienes en declaraciones a una emisora radial rosarina habrían dicho "claramente que esto es así. Es decir, que circulaban sobres con dinero injustificado e injustificable".
Por esa razón reclamó que la justicia escuche a esos diputados "para no incurrirse en delito de encubrimiento", así como también al presidente de la Cámara, Eduardo Camaño y "luego a cada uno de los legisladores que resulten aludidos según se ha anunciado periodísticamente".