Concretamente la Asociación ya envió los pedidos de veto al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y a la Secretaria de Trabajo a los que se agregó la solicitud de entrevistas con el fin de transmitir de un mejor modo los puntos del tema en cuestión.
En dialogo con Diariojudicial.com, Luis María Cabral, vicepresidente 2º de la Asociación, enfatizó que la sanción de la ley que derivó en la quita del beneficio jubilatorio para los jueces y funcionarios del Poder Judicial se transformó en una “sería afectación” para la justicia.
Asimismo, volvió a remarcar que el régimen jubilatorio de los jueces no es para nada “un privilegio” sino por el contrario “un régimen especial” dado las características que tiene tales como el porcentaje de aportes y los años de desempeño en la función para que los jueces puedan llegar a jubilarse.
Con la sanción de esta ley fueron derogados los regímenes especiales, excepto las de docentes y científicos y quedaron sin vigencia los sistemas jubilatorios de políticos, jueces y diplomáticos, y se eliminaron las pensiones vitalicias que percibían obispos y arzobispos de la Iglesia Católica, el presidente y vice de la Nación, y los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El problema es que el texto del artículo 1º de la nueva ley, si bien la Cámara de Senadores aún no brindó la versión oficial, dice: “Deroganse las leyes 22.731, 22.929, 23.026, 23.626, 24.016 y 24.018”.
La ley 24.018 establece el régimen jubilatorio de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, pero también el de “los Legisladores Nacionales, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, los Secretarios y Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación”.
Entonces, si Duhalde, para mantener el régimen especial de los jueces, veta el numero 24.018 del texto del artículo 1º, indefectiblemente va a mantener también el actual sistema jubilatorio de legisladores y miembros del Ejecutivo.
Otra posibilidad, en cambio, sería que el Poder Ejecutivo promulgue la ley como está y envié un proyecto de ley “correctiva”, como se estila últimamente, para excluir a los magistrados.