En el proyecto presentado se establece eliminar el Consejo de la Magistratura y reemplazarlo por una comisión asesora que se encargaría de otorgar un orden de mérito de los letrados que luego será elevado al gobernador.
Cabe recordar que durante el último tramo del gobierno de Eduardo Angeloz y durante la administración de Ramón Mestre, los magistrados eran designados por el Poder Ejecutivo, luego de analizar un listado enviado por otra comisión asesora, que también tomaba exámenes a los postulantes. Esa comisión estaba conformada por representantes del Poder Judicial, de las universidades y de los abogados.
El Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura atraviesan un serio conflicto, que alcanzará un nuevo grado de rispidez la semana que viene, cuando los representantes de los abogados, magistrados y la Academia Nacional de Derecho, dejarán sus cargos, en rechazo por la aprobación de la polémica ley 9.051 que efectivizaba en sus cargos a fiscales y jueces sustitutos en la provincia, ahora suspendida por el Tribunal Superior, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de letrados y el Colegio de Abogados de la provincia.