La organización no gubernamental alertó además que con el apartamiento de Maluf de Chistin producido la semana pasada se consagra la “violación del estatuto y de la independencia de los jueces”.
Según se señaló en un comunicado existió en el proceso “un anómalo esquema acusatorio” similar al que terminó con la destitución de otras dos magistradas de esa provincia, Ana María Careaga y Adriana Gallo de Ellard.
“En todos estos procesos se ha configurado la violación de la independencia de los Jueces, mediante la necesaria participación de todos los poderes (provinciales)”, afirma el comunicado a la vez que advierte en ese sentido que “la ingerencia externa proveniente del ejecutivo y legislativo, se vienen a sumar integrando el tribunal de enjuiciamiento, miembros del Superior Tribunal y de las Cámaras, y de la irregular aportación de los abogados”.
En esa provincia les fue retirada la personería a las entidades profesionales de abogados, por lo que mal podría haberse constituido el Jurado de Enjuiciamiento que, de acuerdo con el artículo 224 de la Constitución provincial se conforma con 3 diputados, 3 abogados de la Matrícula, por sorteo entre una lista de 20 que confeccione el Colegio Forense de la provincia y 3 jueces elegidos por sorteo entre los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de las Cámaras.
Según la denuncia pública, las autoridades puntanas buscaron alternativas a lo que expresaba aquél artículo, convocando abogados extraídos de las listas de conjueces, pero dichos instrumentos constituyen “una tergiversación tal de la regla constitucional” que “no podía remediarse sin la reforma de la Carta Fundamental de la Provincia” que debería haber sido “defendida por la Procuradora de Estado y contradictoriamente, Fiscal acusadora”.
La entidad ratifica anteriores pronunciamientos en el sentido que “existe una gravísima afectación a la independencia del Poder Judicial de la Provincia de San Luis, por flagrantes transgresiones al estatuto del Juez en la mayor parte de sus capítulos garantías y derechos, conculcando la legislación provincia, las normas constitucionales tanto provinciales como nacionales”.