La causal de destitución fue "violación de los deberes de funcionario público e intervención pública en política, violando lo dispuesto en el artículo 193 de la Constitución provincial".
Para el tribunal, la magistrada infringió la disposición constitucional que inhibe a "los jueces y demás miembros del Poder Judicial de intervenir en política, salvo la emisión del voto", cuando firmó una resolución en carácter de denuncia", emitida por el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, el 7 de febrero de 1997, pidiendo "la Intervención Federal a los tres poderes de la Provincia".
Por su parte, Maluf de Christin no asistió a la audiencia donde se leyó el veredicto, manifestando con anterioridad su absoluta disconformidad con la decisión y anticipando que realizará la correspondiente apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La magistrada fue denunciada por la titular del Ministerio Público, Diana Bernal, acusándola de "violación de los deberes de funcionario público, desconocimiento de los deberes inherentes a su cargo, intervención pública o encubierta en política o realización de actos en ese carácter, prohibidos por la Constitución de la Provincia de San Luis en su artículo 193".
Bernal acusó también por la misma causa a otras tres juezas, dos de las cuales ya fueron destituídas, como fue el caso de Adriana Gallo de Ellard y de Ana María Careaga, mientras que para Alicia Neirotti de Lucero, aún no se fijó la fecha de su proceso.
El abogado defensor de Maluf de Christin, Alberto Bovino, había rechazado la acusación planteando la "prescripción, la caducidad del proceso y nulidad".
Estos argumentos fueron desestimados por el Tribunal que presidió el titular del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Catalfamo, y que fue integrado por Amanda Etcheverri, Mariel Linardi, Patricia Gatica, Susana Sosa Lago, Francisco Barrera, Carlos Cobo, Aldo Ayelo y José María Durán.