04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Lo dejaron con las ganas

A punto de salir en libertad gracias a una controvertida reducción de penas, Miguel Rodríguez Orejuela, quien fuera uno de los más poderosos narcotraficantes de Colombia, fue condenado a cuatro años de prisión por haber ofrecido soborno a un juez.

 
Así lo anunció la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá. Como si fuera poco, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) decretó hoy el embargo del dinero que los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela colocaron como fianza en un banco, alegando que todavía le deben millones al Estado en multas, lo que también bloquea la eventual liberación, además de impugnar la decisión que podría conducir a la excarcelación de ambos.

Estas novedades se conocen en medio de una batalla legal de los ex líderes del Cartel de Cali, por lograr su libertad, enfrentando la firme oposición del gobierno que ha sido acusado por funcionarios judiciales y abogados de violar la Constitución al usurpar funciones judiciales.

Por su parte, el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, afirmó que el gobierno debe ser "muy firme y muy cuidadoso" ante una decisión judicial que redujo a siete años – la mitad de la pena inicial- la prisión efectiva de los reyes de la droga, porque están de por medio "la dignidad nacional y el prestigio nacional e internacional de la justicia y la legitimidad de las instituciones".

A su vez, el ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, acusó este martes al juez Pedro Suárez de cometer "prevaricato" al reducir las penas por estudio, trabajo y buena conducta en prisión.

"Dejarlos en la calle, gozando anticipadamente de su libertad como premio a su buen comportamiento, sería un sarcasmo y una vergüenza para el país porque se trata de personas que dirigieron una de las mayores empresas criminales", declaró el ministro a una radio.

Explicó que si bien los hermanos Rodríguez Orejuela han cumplido con unos requisitos objetivos, que permiten una reducción matemática de su pena, incumplen con el requisito legal subjetivo de no representar un peligro para la sociedad.

El juez Suárez rechazó haber prevaricado al favorecer con su interpretación de la ley a los narcotraficantes, conducta que investigan la Fiscalía y la Procuraduría de la Nación.

"Tengo tranquilidad absoluta de que he actuado conforme a la ley, pero me preocupa que quienes me van a investigar ya me han condenado en los medios de comunicación", manifestó este martes el juez al referirse a declaraciones del Fiscal y el Procurador que han puesto en duda la legalidad de su decisión.

El Tribunal Superior de Tunja, ciudad situada a 70 kilómetros al noreste de Bogotá, deberá decidir en los próximos días si acepta o rechaza una apelación del Procurador contra la decisión del juez Suárez.



dju / dju
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