El funcionario formuló esas apreciaciones durante el transcurso de una conferencia de prensa en la cual se le preguntó acerca de una reunión no confirmada entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia Julio Nazareno y el Jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, en la cual el militar habría planteado su inquietud respecto de la posibilidad que el Máximo Tribunal ratifique un fallo de la Cámara Federal en el cual se declaró la inconstitucionalidad de ambas normas.
En la Corte, voceros autorizados señalaron a Diariojudicial.com que “no es inminente” un pronunciamiento sobre las leyes, ni supieron precisar que haya comenzado a circular –como es habitual—alguno de los borradores que se están elaborando respecto a distintos expedientes sobre el mismo tema, referidos a violaciones a los derechos humanos en las que aparecen involucrados militares o integrantes de las fuerzas de seguridad que fueron beneficiados pro ambas normas.
Para Jaunarena, la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando el actual funcionario formaba parte de su gabinete, la inconstitucionalidad de ambas leyes significaría “volver atrás con hechos que son cosa juzgada”.
La Corte también tiene en carpeta un recurso extraordinario planteado por el ex dictador Jorge Rafael Videla, actualmente detenido y procesado por la sustracción y supresión de identidad de criaturas nacidas en cautiverio, en el que la defensa planteó la “prescripción” de la causa, y consideró que los hechos por los que se lo acusa son “cosa juzgada”.
La fuente consultada por Diariojudicial.com estimó que las declaraciones de Jaunarena “no se debían a la inminencia de un fallo” y apuntó a su contenido político, respecto de la presunta preocupación que podría existir en las Fuerzas Armadas.
De todos modos otros voceros habían señalado semanas atrás que del estudio realizado hasta el momento en una de las secretarías penales del Alto Tribunal “no surgirían elementos” para declarar la invalidez de las normas, aunque indicaron que “cada ministro analiza la cuestión en un ámbito de reserva”, sin que hayan hecho pública su postura.
Recordemos que el Procurador General Nicolás Becerra se pronunció por la inconstitucionalidad de ambas leyes, en un dictamen emitido a fines del pasado mes de agosto.