Fuentes judiciales confirmaron que el delito por el que se investiga a Martínez Ríos es el de “negociaciones incompatibles con la función pública”, porque en las últimas semanas del gobierno de Carlos Menem gestionó el pago de honorarios millonarios al abogado Ernesto Galante, que también esta imputado como partícipe necesario.
Fuentes judiciales explicaron que tras la declaración de la mujer, el juez decidió que declare como testigo el ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, ya que fue el encargado de monitorear el reclamo de honorarios por 128 millones de pesos, que el abogado realizó sin éxito ante el Máximo Tribunal.
“Hay abundante constancia documental de notas de Fayt a la Cancillería para conocer la marcha del tema”, explicaron las fuentes a la hora de justificar esa declaración. La Corte Suprema rechazó el pago de honorarios al abogado por su intervención en la quiebra de Celulosa Argentina, una sociedad del Estado.
El asunto pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores porque Galante se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que después dejó de lado cuando llegó a un “convenio de solución amistosa” para saldar ese pleito con la Cancillería, por el cual se le abonarían 100 millones de pesos.
En ese acuerdo, que ahora se investiga, intervino Martínez Ríos, una funcionaria política de la Cancillería que también fue embajadora en Uruguay.
La causa que investiga Oyarbide fue promovida por la Oficina Anticorrupción, en la que se calificaba de “nulo e ilícito” el acuerdo celebrado por Martínez Ríos con Galante. En ese momento, el procurador del Estado, Ernesto Marcer, dijo que “el pacto es una liberalidad destinada a compensar a Galante lo que en sede judicial -la Corte- le ha sido denegado por improcedente".
Fuentes judiciales confirmaron que en la causa declararon como testigos entre otros el ex canciller Guido Di Tella (falleció a fines del año pasado), quien dijo desconocer haber firmado la resolución habilitando el pago negociado, que data del 9 de diciembre de 1999, un día antes del fin de la administración de Carlos Menem.
Finalmente, el gobierno de De la Rúa no promulgó el decreto, por lo cual Galante completó su denuncia ante la CIDH, pero el año pasado le negaron la procedencia, en un fallo que trajo alivio al Estado en el plano económico y también en el jurídico, ya que la Comisión entendió que su labor no es de “cuarta instancia” para revisar fallos de los tribunales nacionales, a menos que exista una violación a las garantías establecidas en la Convención Americana.